MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida (IU) ha registrado en la Asamblea de Madrid una proposición no de ley (PNL) en la que insta al Gobierno de la Comunidad, del Partido Popular (PP), a regular legislativamente las condiciones mínimas de accesibilidad que deben reunir las viviendas de la región y poner en marcha durante la legislatura un programa dotado de tres millones de euros que sirva para adaptar 5.000 domicilios de personas mayores.
La iniciativa parlamentaria, a la que tuvo acceso Europa Press, se desarrollará en paralelo a una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, que fue presentada por IU y aceptada parcialmente por el PP, mediante la que el Ejecutivo autonómico se comprometió a destinar este año un millón de euros para la puesta en marcha de este proyecto.
El diputado y senador Eduardo Cuenca, encargado de promover la proposición no de ley, defenderá ante el Pleno de la Asamblea que el modelo de gestión de las ayudas para la adaptación de las viviendas se ponga en marcha "a través de la contratación directa de empresas por parte de la Comunidad de Madrid", que firmaría convenios con las administraciones locales implicadas para "coordinar sus actuaciones" en la materia.
Asimismo, considera necesario que la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio establezca un protocolo destinado a "homologar" a las empresas a las que se encarguen los trabajos de remodelación, a fin de "garantizar su capacidad para ejecutar este tipo de reformas".
IGUALDAD PARA LAS PERSONAS CON MINUSVALÍAS
A la hora de exponer los motivos de su iniciativa, Cuenca recuerda que, según la Constitución Española, "corresponde a los poderes públicos, entre otros, remover los obstáculos que impiden o dificulten el desarrollo de la libertad y la igualdad y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida, política, económica, cultural y social".
Asimismo, cita varias resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la Unión Europea, así como la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, en las que se recoge la importancia de promover "la igualdad de oportunidades de las personas con minusvalía" y "la eliminación de la discriminación negativa" que estos ciudadanos puedan sufrir.
