MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La asociación Jueces Para la Democracia considera que la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid "está desmantelando" el sistema de puntos de encuentro familiar, ya que "hace unos meses suprimió la mayor parte" y ahora "de forma sorpresiva, condiciona este servicio, gratuito hasta ahora, al pago de unos precios públicos de los que se exceptúa exclusivamente a las familias en situaciones extremas".
"De nuevo el gobierno regional hace recaer las consecuencias de la crisis económica sobre los sectores más débiles, limitando el acceso a unos servicios que contribuyen a la reducción de las controversias entre los progenitores y al efectivo y adecuado cumplimiento de las resoluciones de los juzgados de familia", sostiene la asociación en una nota de prensa.
Además, advierte de que "con esta medida restrictiva se proporciona al progenitor reacio a acatar la resolución judicial un nuevo pretexto para eludir su cumplimiento".
Por todo ello, vaticina que "las consecuencias de esta decisión van a afectar gravemente a los menores, regresando a la situación que se creía ya superada, en la que las entregas y recogidas se hacían en las comisarías de policía, en los juzgados de guardia o en cualquier otro lugar alternativo carente de las condiciones mínimas necesarias para proteger a los menores".
Para estos magistrados, "los puntos de encuentro familiar son imprescindibles para mejorar la gestión judicial de los conflictos familiares en los casos en los que surgen dificultades para el cumplimiento voluntario del régimen de visitas".
Asimismo, destacan su carácter "neutral y acogedor", y el hecho de que se encuentran atendidos por profesionales, por lo que con ellos "se garantiza la seguridad, bienestar e interés superior del menor cuando las relaciones son conflictivas".
Igualmente, subrayan que a través de estos centros se consigue "pacificar el conflicto existente, así como informar a los Juzgados de los cambios de circunstancias a fin de que se produzca una adaptación a las necesidades de cada caso, en beneficio siempre de los menores".
Jueces para la Democracia lamenta que sólo se hayan mantenido los centros de Móstoles, Las Rozas y Madrid, provocando "una lista de espera que demora el inicio del cumplimiento del régimen de visitas, dejando además amplias zonas sin esta prestación, ignorando que para alcanzar su finalidad es imprescindible la cercanía al lugar de residencia de los menores".
