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  • 15 de febrero de 2009

    Jueces y magistrados de Madrid secundarán este miércoles la huelga convocada en toda España a favor de mejoras

    MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

    Jueces y magistrados de Madrid secundarán el próximo miércoles una jornada de huelga, en sintonía con compañeros del resto de España, como medida de presión para que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acepten sus reivindicaciones, que pasan por un incremento retributivo, la adecuación del ratio de jueces al de la media europea y el no perder la agenda de los señalamientos.

    Se trata de la primera huelga de este colectivo en la historia, en demanda de mejoras estructurales en la Administración de Justicia. La protesta es respaldada por cerca del 20 por ciento de la Carrera, que apoyó la adopción de la medida en juntas de jueces celebradas el pasado 21 de enero en sus respectivos territorios y por dos de las cuatro asociaciones a las que pertenece el 40 por ciento de la Judicatura: Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.

    La huelga es fruto del malestar del colectivo tras las críticas vertidas por el Gobierno central a raíz de la decisión del Consejo de sancionar con 1.500 euros al juez Rafael Tirado, el magistrado que permitió que el supuesto asesino de la niña Mari Luz estuviera en libertad pese a estar condenado. Con motivo del 'caso Mari Luz', que evidenció la precariedad en la que trabajan los jueces, la Judicatura se movilizó a través de sus canales internos en Internet para escenificar su desazón en una jornada de huelga.

    Aunque el Consejo entiende que no hay "cobertura legal" para el ejercicio del derecho de huelga por parte de los jueces, la Judicatura española se plantará por primera vez en la historia para denunciar la grave situación que afrontan.

    En una reunión celebrada este sábado en los Juzgados de Plaza de Castilla, las asociaciones de jueces partidarias de la huelga, Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), acordaron el establecimiento de unos servicios mínimos "responsables", especialmente para las situaciones en las que puedan "estar en juego" los derechos fundamentales.

    En concreto, entre las actuaciones que no sufrirán retraso por la huelga está el registro civil de matrimonios y, en materia penal, la celebración de juicios con causa con preso y las diligencias de servicios de guardia que afecten a derechos fundamentales como entradas y registros o intervenciones telefónicas.

    RESPALDO MAYORITARIO

    En el caso de la capital, la propuesta salió adelante el pasado 21 de enero al conseguir el respaldo mayoritario de los asistentes a la Junta de Jueces celebrada en los Juzgados de Plaza de Castilla. La convocatoria quedó entonces supeditada al resultado de las negociaciones entre las asociaciones judiciales y el Ministerio de Mariano Fernández Bermejo. Sin embargo, el diálogo resultó infructuoso.

    Con el respaldo a la huelga, la Judicatura madrileña se distanció de la propuesta de las asociaciones judiciales que optaban por paros y una posible huelga para el 26 de junio. Días más tardes, las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente presentaron ante el órgano de gobierno de los jueves una convocatoria formal de huelga, desmarcándose de sus compañeros.

    Las demandas de la Judicatura pasan por la instauración de la nueva oficina judicial, la implantación en los juzgados de las nuevas tecnologías, el establecimiento de una carga máxima de trabajo razonable que pueda asumir cada juez, la adopción de medidas necesarias para la conciliación de la vida laboral y familiar de los magistrados y una adecuación de las retribuciones que perciben.

    Los jueces reclaman un incremento presupuestario de un 3,5 por ciento, un ratio de jueces como el de la media europea, es decir, 20 por cada 100.000 habitantes, y controlar la agenda de señalamientos ante la previsión de la Oficina Judicial de dar esta potestad a los secretarios judiciales.

    Sobre el incremento de la plantilla, estiman que se necesita un plazo de cinco años para que se creen 1.200 plazas judiciales, ahora hay 4.400, con jueces profesionales, con miras a afrontar el exceso de trabajo que asumen los magistrados de la capital.