MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
La juez del caso máster ha rechazado asumir la investigación de la denuncia cursada por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) sobre presuntos gastos irregulares en el Instituto de Derecho Público (IDP) cuando estaba dirigido por catedrático Enrique Álvarez Conde.
Lo hace al entender que sumar este asunto sobre posible malversación en este centro a la instrucción del caso máster supondría crear una "macrocausa de imposible instrucción ágil y de muy difícil (o imposible) enjuiciamiento conjunto".
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel rechaza la inhibición acordada por el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid, donde recayó la denuncia por reparto, y le devuelve la causa original.
Dicho juzgado cursó incidente de inhibición al conocer que la juez estaba investigando al catedrático Álvarez Conde por asuntos relacionados con estudios desplegados desde el Instituto de Derecho Público.
La juez argumenta en su auto que "cualquier acumulación de acciones penales a esta causa supone aumentar su complejidad y propiciar importantes dilaciones al proceso".
Además, explica que no se trata de "delitos conexos" entre sí pese a que en ambos aparece como "persona investigada" el catedrático Álvarez Conde. La posible malversación de dinero público de la URJC está "totalmente desvinculada" con la presunta prevaricación administrativa que se investiga tanto en lo relativo al máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid como en las otras piezas separadas.
"Son hechos desvinculados unos de otros en diferentes momentos temporales e indiciariamente para beneficiar de manera distinta (en un procedimiento académicamente, en otro lucrativamente) a personas diferentes (en un caso alumnos, en otro familiares directos de Álvarez Conde).
También expone que no son "delitos análogos entre sí" pues solo "comparten el hecho de que son delitos especiales en cuanto cometidos por funcionario público". "Pero la tipificación en sí, prevaricación en un caso y malversación en otro, hacen que no tenga analogía", precisa.
A su vez, expone que un tratamiento conjunto de ambas causas "favorecería la confusión, pues benefician unos y otros hechos indiciariamente delictivos a personas diferentes, el móvil es indiciariamente completamente distinto, debiendo destacarse el lucro personal del entorno de Álvarez Conde es lo que subyace en la denuncia que fue turnada al Juzgado de Instrucción 34 de Madrid".
"Sin embargo, no se aprecia ánimo de lucro alguno en los hechos objetos de investigación en este juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. Consecuentemente, las diligencias de investigación que resultaría lógico practicar en el seno de la investigación de la denuncia turnada al 34 (averiguación patrimonial, investigación bancaria...) ninguna utilidad reportaría a los hechos objeto de investigación en el 51", expresa la juez.
DENUNCIA DE LA URJC
El rector de la URJC, Javier Ramos, presentó en mayo de este año una denuncia en los juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público.
Lo decidió tras las "graves irregularidades económicas" detectadas en la gestión de este ente y que se desprenden en la investigación encargada por la universidad a raíz de la polémica por el máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
A su vez, exponía que el informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP "destapa" que el Instituto "nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial".
"Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco", recogía el informe.
También detectaba la existencia de transferencias bancarias "a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago" y que hay "disposiciones de efectivo en oficina bancaria por importes de miles de euros".
"El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimientos comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto...", exponía el documento.
DINERO INVERTIDO EN FONDOS DE ALTO RIESGO
Por otro lado, el informe recogía que el Instituto de Derecho Público "tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: una es un banco comercial y otra en un banco de inversión".
"En este último se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros. Parte de ese dinero ha sido invertido en fondos de renta variable, algunos de los cuales podrían estar calificados como fondos de alto riesgo.
La inversión de fondos públicos en este tipo de productos financieros, de confirmarse, es contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público", recoge el documento elaborado por Acosta.
A su vez, argumentaba que el instituto funcionó desde su creación "con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC". Por otro lado, se ha constatado que "no existía ninguna contabilidad oficial".
LA UNIVERSIDAD CERRARÁ EL IDP EL CURSO QUE VIENE
La Universidad Rey Juan Carlos extinguirá de cara al próximo curso académico el polémico Instituto de Derecho Público (IDP) que dirigía el catedrático Enrique Álvarez Conde, investigado en el caso máster, una vez concluyan las auditorías económicas y administrativas encargadas por la institución.
Así lo han señalaron recientemente fuentes de la universidad consultadas por Europa Press para subrayar que la decisión de terminar con la actividad de este instituto asociado a la universidad es "firme" y "no tiene marcha atrás".
Las mismas fuentes explicaron que el profesor Pablo Acosta, delegado del rector para dirigir provisionalmente el instituto tras la destitución de Álvarez Conde por los indicios de irregularidades detectados en el caso máster, presentó el pasado 30 de junio un informe documento para solicitar el cese CIF de esta entidad.
