Lo aprobó la Corporación Municipal alegando que podría estar implicado en la trama Gürtel
BOADILLA DEL MONTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles ha admitido a trámite una querella contra la Corporación Municipal de Boadilla del Monte presentada por el arquitecto Leopoldo Arnáiz, por la que procede a investigar si pudo cometerse un delito de prevaricación administrativa después de ser apartado de los planeamientos urbanísticos del municipio.
El auto, al que ha tenido acceso Europa Press, se ha producido a raíz de la denuncia presentada por el arquitecto, tras la moción aprobada por el Pleno de Boadilla, a iniciativa de los cuatro partidos que integran la Corporación, PP, Alternativa por Boadilla, PSOE y UPyD, que acordaron "impedir" que las empresas relacionadas con Arnáiz redactaran planeamientos municipales.
La querella se ha presentado contra 19 de los 21 concejales que forman la Corporación de Boadilla que, según Arnáiz, fueron los que estaban presentes cuando se aprobó la resolución.
En los fundamentos jurídicos, el Juzgado recoge que en la querella presentada se relatan "hechos que pudieran ser constitutivos de delito" para "cuya persecución no es necesaria la presentación de la querella, razón por la cual debe atribuírsele ya el valor de denuncia con los efectos procesales que a esta son inherentes".
Por lo tanto, se deben incoar "digilencias previas para la averiguación de los hechos denunciados y circunstancias que concurren en su comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 789.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal".
La moción en cuestión, incluía dos puntos. El primero era "impedir, dentro de los límites de la legislación vigente, que los instrumentos de planeamiento sean redactados por las empresas relacionadas con Leopoldo Arnáiz".
El segundo era "poner en conocimiento de cualquier vecino o propietario que tenga intención de presentar un proyecto de desarrollo urbanístico en Boadilla del Monte elaborado por Leopoldo Arnáiz el contenido" del acuerdo.
La Corporación se basó para aprobar el acuerdo en las "serias sospechas" que sobre el arquitecto Leopoldo Arnáiz "ha levantado la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera en su último informe sobre el caso Gürtel".
"Este arquitecto elaboró el Plan General de Boadilla del Monte y, según los informes policiales, podría haber adquirido terrenos a una empresa propiedad de Francisco Correa. Además, según las informaciones aparecidas en prensa, este arquitecto es dueño de muchos otros terrenos en el municipio que él mismo recalificó al elaborar el indicado plan", señalaba el documento aprobado por el Pleno.
"DAÑOS Y CONSECUENCIAS PROFESIONALES"
En la denuncia, Arnáiz alude a los "daños y consecuencias profesionales" a raíz de la resolución del Ayuntamiento. "Ante el padecimiento moral del querellante, es lo cierto que varios han sido los clientes que han puesto en conocimiento del querellante su intención de no continuar con los contratos en curso", señala la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press.
De este modo, se refiere a la moción aludiendo a la "injusticia" de la misma, a la "desproporción de la medida sancionadora" y la "debilidad de su fundamento". "Es destacable que se hace uso de un órgano administrativo (el Pleno Municipal) para no servir a sus fines típicos; esto es, al gobierno de los asuntos propios del municipio, sino para interponer una sanción y dotarla de ejemplarizante publicidad. Y todo ello, como es obvio, sin concesión de un turno de defensa al sancionado", indica el documento.
El arquitecto asegura en su escrito que desde la fecha en la que fue aprobada la moción, en marzo de 2014, "y hasta el momento de redacción" de la querella, ha presentado en el Registro de entrada del Ayuntamiento seis solicitudes de información en las que "no sólo se solicitan aclaraciones" si no que "también se advierte de la posible ilicitud de la actuación del Pleno".
En declaraciones a Europa Press, Arnáiz ha declinado pronunciarse sobre la presentación de la querella, aunque ha remitido a su intervención ante los juzgados. "Quiero dejar claro que cualquier declaración, como he hecho durante los últimos 13 años la haré en sede judicial", ha concluido.
