El contenido de las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios de las actuaciones que permanecen secretas
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, levantará a mediados del próximo enero uno nueva parte del sumario que permanece secreto, cuyo contenido se refiere a las comisiones rogatorias enviadas a quince países para averiguar el paradero del dinero blanqueado por la 'red Gürtel', informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Casi un año después de que estallara el caso, el magistrado está centrando su investigación en encontrar el dinero desviado por la trama dirigida por Francisco Correa, que podría elevarse a 40 millones de euros. Por ello, trata de desmarañar la estructura financiera y mercantil montada en el extranjero, que alcanza a quince países.
Desde el pasado agosto, los jueces Garzón y Pedreira han enviado un total de 24 comisiones rogatorias a cerca de 15 países, en su mayoría paraísos fiscales, solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a la red encabezada por Francisco Correa.
La primera parte del sumario se levantó el pasado 29 de septiembre. Los 17.000 folios destapados se referían a la parte de la instrucción dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien se inhibió el pasado marzo a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) al afectar el procedimiento a varios aforados madrileños.
El 'caso Gürtel' se ha saldado con varias dimisiones en el seno del PP madrileño. El ex diputado del PP Alberto López Viejo dejó la Consejería de Deportes de la Comunidad de Madrid; el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega abandonó la Gerencia del Mercado Puerta de Toledo de Madrid; y Arturo González Panero, Ginés López y Jesús Sepúlveda dimitieron de sus cargos como alcaldes de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Pozuelo de Alarcón, entre otras.
'OPERACIÓN GÜRTEL'
La 'Operación Gürtel' salió a la luz el pasado 6 de febrero, cuando el juez Garzón ordenó la detención de cinco personas implicadas en la red corrupta, entre los que figuraba Francisco Correa, un empresario ligado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP. A los implicados se les acusó de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias.
El 12 de febrero, Garzón imputó en un auto a 37 personas por diferentes infracciones penales, de las que sólo Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez ingresaron en prisión preventiva. Según el juez, las empresas investigadas "se nutrían de fondos de entidades públicas de las comunidades autónomas de Madrid y Valencia para obtener un beneficio propio". El auto recogía que los empresarios "utilizaban como norma común y frecuente dádivas y sobornos a funcionarios públicos".
El juez sostenía que la organización dirigida por Correa "se gestó a partir de una relación directa con responsables del Partido Popular a nivel nacional que tenían su puesto de trabajo en la sede de la calle Génova". Estos contactos se produjeron en la etapa del ex presidente José María Aznar.
Los principales imputados son Correa, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, el primo de Correa, Antoine Sánchez, y Álvaro Pérez Alonso, alias 'El Bigote'. Tanto a ellos como al resto de los 60 imputados se les acusa de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, falsedad y fraude fiscal.
