Juzgan a dos funcionarios por facilitar estancia legal en España

Actualizado: lunes, 10 febrero 2014 9:57
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MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -  

   La Audiencia Provincial de Madrid juzga a partir de mañana a siete acusados, entre ellos dos funcionarios del Servicio de Extranjería de la Delegación de Gobierno de Madrid, por facilitar papeles a inmigrantes a cambio de obtener determinades cantidades de dinero por acelerar expedientes.

   A los procesados se les acusa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y un delito continuado de cohecho. Se enfrentan a  una pena de entre doce y cuatro años de cárcel según su grado de implicación en los hechos.

   Según el fiscal, una de las procesadas, funcionaria de carrera, y otro procesado, funcionario interino, y ambos desarrollando sus funciones laborales en el Servicio de Extranjería de la Delegación de Gobierno de Madrid, se concertaron para llevar a cabo, desde el mes de abril de 2005 y hasta el mes de mayo de 2006, la manipulación informática de la base de datos de extranjería (Adexttra).

   Para ello emplearon las claves de usuario, acceso y contraseñas pertenecientes al Jefe de Servicio o a trabajadores contratados temporalmente que ya no ocupaban sus plazas o que se encontraban destinados en otras plazas en el momento de los hechos.

SOLICITUDES DE EXTRANJERÍA

   El acceso fraudulento a la base de datos Adexttra tenía por objeto conceder solicitudes correspondientes al proceso de normalización de ciudadanos extranjeros, solicitudes que previamente habían sido denegadas o inadmitidas, dando de baja el trámite y retrotrayéndolo para posteriormente pasarlo a la fase de concesión.

   Los dos principales procesados obtenían una contraprestación económica por parte del ciudadano extranjero por la obtención de una resolución favorable de su expediente o bien por el adelanto de la tramitación.

   Los procesados se concertaron con una ciudadana venezolana y otro de origen colombiano, también procesados en esta causa, con la finalidad de contactar con ciudadanos extranjeros interesados en obtener fraudulentamente y acelerar su expediente de regularización o de reagrupación familiar. A través de una asociación de extranjeros, se cobraba 4.000 euros por la tramitación completa de un expediente.

   Durante el periodo que comprende la investigación de este caso fueron detectados 156 expedientes fraudulentos en la base de datos de Extranjería, que se habían manipulado por los funcionarios acusados, pasando de inadmitidos o denegados a concedidos.