MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, Manuel Lamela, afirmó hoy que la entrada en vigor del reglamento que desarrolla la Ley Antitabaco en esta región es "una buena noticia tanto para fumadores como para no fumadores", aunque lamentó su larga tramitación ya que, dijo, "ha sido más larga de lo deseable".
En declaraciones a los medios en la feria SIMO, el responsable regional consideró que el texto antepone los derechos de los no fumadores a los del resto de los ciudadanos, ya que garantiza a éstos espacios sin humo teniendo en cuenta al mismo tiempo las necesidades de aquellos este hábito.
Lamela comentó, además, que uno de los grandes activos del texto es que evita que la Ley nacional se pueda convertir en un "arma arrojadiza" contra una parte de la ciudadanía.
A su juicio, de esta forma los establecimientos de hostelería y centro de trabajo se verán beneficiados por una "situación de seguridad jurídica" ya que gracias al reglamento madrileño sabrán "qué se puede hacer, cómo y dónde y los requisitos que deben cumplir".
Así, el consejero de Sanidad madrileño, aprovechó para hacer un llamamiento a los establecimientos que por sus características deban adaptarse a la Ley Antitabaco y al reglamento regional para que acometan las obras pertinentes "cuanto antes" y que, a ser posible, "no agoten el plazo de seis meses" que les otorga la norma autonómica.
UNA LEY "MALA Y AMBIGUA"
Respecto a la posibilidad de que el Ministerio de Sanidad recurra el reglamento de Madrid, Lamela recordó que el Consejo de Estado "ha reconocido que las Comunidades Autónomas tienen competencias para desarrollar la normativa básica" y que se trata de una ley "mala y ambigua" ya que de su lectura pueden derivarse distintas interpretaciones.
Además, indicó que desde la Consejería de Sanidad madrileña no se esta contradiciendo la ley estatal sino que lo que hace es "concretarla y desarrollarla".
Por último, aseguró que si el Ministerio regido por Elena Salgado decide impugnar el reglamento, serán los jueces quienes decidan si el criterio correcto es el del Gobierno o el de la Comunidad, y advirtió de que si lo que se persigue con estas medidas judiciales es evitar que Madrid desarrolle esta Ley, el organismo madrileño planteará una cuestión de constitucionalidad por invasión de competencias.
