21 de octubre de 2019
7 de septiembre de 2009

Madrid, Coslada y Rivas rechazan la Ley porque con ella la Comunidad intenta "eludir su responsabilidad"

Aseguran que creará una situación de parálisis y abrirá la puerta a los clanes de la droga Advierten que no consentirán ningún tipo de especulación y mantendrán el suelo como zona verde especialmente protegida

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los ayuntamientos de Madrid, Rivas y Coslada rechazan la propuesta de Ley de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real Galiana porque permite comprar terrenos de la vía pecuaria antes de llegar a un acuerdo social, y, a su juicio, pretende eludir la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la solución del problema y, en particular su responsabilidad social.

Representantes de los tres Consistorios están citados hoy a exponer su punto de vista ante el Comité Económico y Social de la Comunidad de Madrid.

A la entrada de la reunión, la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, explicó a Europa Press que la propuesta regional "no soluciona el problema sino que lo agrava". "La Comunidad de Madrid ha incumplido unilateralmente el acuerdo del 7 de julio al añadir al artículo 3 de la Ley el punto 4, que permite vender terrenos antes de llegar a un acuerdo social. Esto agrava el problema y lo traslada a los ayuntamientos, sin resolverlo, estimulando la compra de zonas públicas", alegó la concejala.

Los tres municipios están de acuerdo entre sí, aunque Coslada añadirá además algunas alegaciones propias por "problemáticas" de este municipio, donde las viviendas están más asentadas. Getafe y SAn Fernando quedan fuera de esta Ley, que omite la zona de la Cañada que pasa por su términos municipales.

Los tres ediles recordaron hoy a la Comunidad de Madrid que la simple desafectación no le permite eludir el ejercicio de sus competencias en materia social en la Cañada Real y advirtieron a los potenciales compradores del suelo desafectado que no modificarán la clasificación del suelo, quedando éste como zona verde especialmente protegida.

Por otra parte, en un comunicado conjunto, solicitaron a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que vuelva a convocar la Mesa de Negociación y que ofrezca garantías de que durante el trámite parlamentario se cumplirá lo acordado con la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos.

En cuanto a lo que denominan "incumplimiento" de lo acordado por la Presidenta de la Comunidad con la Delegación del Gobierno y los Ayuntamientos de Coslada, Madrid y Rivas Vaciamadrid, señalan que el nuevo anteproyecto permite, entre otras cosas, que en un plazo de dos años se pueda llevar a cabo la venta de los suelos ocupados sin acuerdo social previo. "Esta forma de desafectar, lejos de resolver agravará los problemas de pobreza y exclusión social, medioambientales, de inseguridad ciudadana y de ausencia de respeto al Estado de Derecho presentes en la Cañada Real", opinan, pues ésta es una Ley que en su estado actual permite premiar la ocupación ilegal de bienes de dominio público.

"Una ley que lejos de resolver el problema social y el de prevalencia del Estado de Derecho, favorece a una minoría con capacidad adquisitiva suficiente para poder comprar el suelo que ha ocupado ilegalmente ya sea para recreo, para actividades económicas irregulares o para vivienda. Una minoría interesada en la compra del suelo que ha ocupado ilegalmente y que rechaza cualquier política de realojos de carácter social", señalan Madrid, Coslada y Rivas.

A su juicio, esta ley se basa en un modelo que consiste en facilitar el uso residencial de la Cañada Real, cuando de hacerse así en muchos de sus tramos se contravendría con ello la legislación ambiental o se pondría en riesgo la seguridad de las personas. Así sucede, entre otros, en aquellos suelos que se encuentran dentro del Parque Regional del Sureste, los cercanos al vertedero de Valdemingómez o los que se ven atravesados por grandes infraestructuras, como la gran arteria de gas natural.

EFECTOS NO DESEADOS

Además, temen que la ley producirá efectos no deseados, puesto que, de entrada, producirá una situación de parálisis prolongando indefinidamente la situación actual de deterioro de la Cañada Real. Asimismo, consideran que elevará los costes económicos que tengan que asumir en el futuro las administraciones municipales para poder solucionar el problema, pues se tendrá que negociar con los nuevos propietarios a los que venda el suelo la Comunidad de Madrid.

"Las administraciones perderán el control de la situación incrementándose las disputas jurídicas con los nuevos propietarios del suelo. Se abrirá la puerta a que los clanes de la droga a través de personas interpuestas que se asienten en la zona con títulos de propiedad manteniendo un tipo de asentamientos marginales favorables para su negocio", indican.

Finalmente, argumentan que se incentivará la ocupación ilegal de otros bienes de dominio público en la Comunidad de Madrid.

Por todo ello, los tres Ayuntamientos madrileños advierten a los potenciales compradores del suelo de la Cañada Real que ejercerán la totalidad de sus competencias urbanísticas no consintiendo ningún tipo de especulación, sea quien sea quien adquiera el bien, un ocupante ilegal o cualquier otro actor privado. Para ello, entre otras medidas no modificará la clasificación del suelo, quedando la Cañada Real como zona verde especialmente protegida.

Es una Ley, en definitiva, con la que se pretende eludir la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en la solución del problema y, en particular su responsabilidad social, sostienen.

En este sentido, los Ayuntamientos recuerdan a la Comunidad que se produzcan o no transmisiones de suelo, la Administración Autonómica seguirá manteniendo sus competencias en materia de servicios sociales, tal y como prevé el propio Estatuto de Autonomía y la Ley 11/2003, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, así como aquellas otras competencias en materia de Infraestructuras Supramunicipales y de Disciplina Urbanística.

Asimismo, dentro del sistema público de servicios sociales, existen otras disposiciones legales que atribuyen a la Comunidad de Madrid competencias que le obliga a intervenir en la Cañada Real en el ámbito social, como son las relativas a los derechos de la infancia y la adolescencia, la integración y promoción del pueblo gitano, así como aquellas otras derivadas de la creación de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación, el Instituto de la Vivienda de Madrid y el Instituto de Realojamiento e Integración Social.

En esta última norma se pone de manifiesto la competencia exclusiva de la Comunidad de Madrid en materia de vivienda y promoción y ayuda a los grupos sociales necesitados de especial atención, abarcando competencias relativas a proporcionar viviendas a personas que deban integrarse socialmente y que vivan en chabolas o infraviviendas, así como a lograr una distribución territorial equitativa de familias y personas realojadas en viviendas públicas evitando la concentración en edificios, barrios y distritos.

Los Ayuntamientos piden a la Comunidad de Madrid que convoque nuevamente a todas las administraciones implicadas a la Mesa de Negociación, de modo que se recupere el consenso alcanzado el 7 de julio ahora roto por una decisión unilateral de la Comunidad de Madrid.