MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, espera que el Ministerio de Interior no paralice el convenio que suscribieron en su día ambas instituciones, junto con el Ministerio de Justicia, para la creación de oficinas judiciales delegadas en centros penitenciarios, ya que hasta el momento sólo hay en Soto del Real y Estremera y su pretensión es extenderlas a las siete cárceles de la región.
"Teníamos un convenio prácticamente cerrado y a punto de firmar entre Interior, Justicia y la Comunidad de Madrid y desde Interior nos han dicho que será muy bueno pero que nos va a llevar cuatro o seis meses su tramitación", ha explicado en una entrevista con Europa Press, donde la consejera ha detallado que, precisamente, la tramitación ya estaba "casi terminada".
"Que estas cosas puedan quedar paralizadas me preocupan", ha admitido la consejera de Justicia, haciendo referencia a la contestación que recibieron desde Instituciones Penitenciarias cuando el propio presidente de la Comunidad, Ángel Garrido, escribió a sendos ministros, Fernando Grande Marlaska y Dolores Delgado, recordando el interés de la Comunidad en impulsar el convenio.
La respuesta vino del secretario de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, que comunicó a mediados del pasado mes que el convenio estaba en fase de tramitación (de 4 a 6 meses) pero que se requería consenso respecto al texto. La consejera le contestó el pasado 27 de julio destacando que el texto ya estaba cerrado por todas las partes desde el 5 de abril y que el compromiso fue el de iniciar su tramitación.
Por tanto, transcurridos ya cuatro meses de aquella reunión y puesto que "todas las partes reconocen la importancia del convenio y los beneficios que de él se derivarán", le ha pedido "que lo impulsara para poder firmarlo en el menor tiempo posible". Fuentes del Gobierno regional han indicado a Europa Press que ya se ha contactado con la Comunidad para desbloquear el asunto.
PARA TODAS LAS CÁRCELES
En 2014 se suscribieron dos convenios de colaboración entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Justicia y el de Interior para la creación de dos oficinas judiciales delegadas en los centros penitenciarios de Estremera y Soto del Real.
La oficina cuenta con dos empleados públicos de la Administración de Justicia, que forman parte de la plantilla de la Comunidad de Madrid, y que trabajan desde el propio centro penitenciario realizando todo tipo de notificaciones, diligencias, exhortos, videoconferencias, etc, que sean necesarios con los internos en la relación de estos con los tribunales.
Esto, según explican desde la Comunidad, agiliza las gestiones, favorece la comunicación de la Administración de Justicia con la del sistema penitenciario, evita traslados de presos y permite ahorro de costes y material, entre otras cosas.
La experiencia ha sido "muy positiva" para la región y así lo han valorado también los decanatos de los partidos judiciales implicados, el de Arganda del Rey y Colmenar Viejo. Así, sólo el año pasado la oficina en Soto del Real tramitó un total de 5.858 notificaciones.
Por este motivo, se propuso a Justicia e Interior extender las oficinas judiciales al resto de centros penitenciarios de la región (Alcalá-Meco, Alcalá-Meco Mujeres, Valdemoro, Navalcarnero y Aranjuez) y el pasado 5 de abril se cerró el texto de un nuevo convenio.
Por otro lado, la consejera ha explicado que también se han dirigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para desbloquear la situación de los empleados públicos tras el acuerdo sectorial del año pasado y cuyo caso está en tribunales porque el complemento transitorio superaba el limite establecido por el área de presupuestos.
"Le he pedido que desista de este procedimiento porque es bueno para todos los empleados públicos", ha destacado la consejera, que ha recordado que este complemento supone 90 euros más al mes para los trabajadores.
