MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
Magistrados y penalistas han destacado esta mañana en una jornada celebrada por el Colegio de Abogados de Madrid la necesidad de mejorar la gestión de la información en los procesos penales para evitar la aparición de juicios paralelos que contaminen a los tribunales, ha informado el ICAM en un comunicado.
En el marco de los desayunos jurídicos de la abogacía "ICAM al Día, los magistrados Ignacio González Vega y Natalia Velilla y los abogados Bárbara Royo y Alberto Cabello han intervenido en una mesa redonda presentada y moderada por el penalista y diputado de Comunicación del ICAM, Juan Gonzalo Ospina.
La primera en intervenir fue Natalia Velilla, de la ejecutiva nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, alertando de la incapacidad de la legislación española para solucionar el conflicto entre dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y el de presunción de inocencia.
Según la magistrada, el exceso de información difundida en los procedimientos penales más mediáticos puede acabar minando la presunción de inocencia, así como el derecho a la propia imagen.
En ese sentido, la magistrada ha considerado que la legislación española es "deficitaria" en comparación con países de nuestro entorno, como Francia, donde está restringida la difusión de imágenes de las personas procesadas.
Esta falta de regulación efectiva en cuanto a la gestión de la información relevante del proceso penal, según Velilla, podría acabar acarreando algún problema a España por vulnerar la normativa europea (v.g. la Directiva (UE) 2016/343 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016 por la que se refuerzan en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia).
Como medida paliativa, la magistrada propone la elaboración de una normativa semejante a la de Francia en la cual, para las informaciones iniciales de un sumario, no se permitiese publicar fotografías de los imputados.
Desde el ámbito de la abogacía, Bárbara Royo discrepó en cuanto al origen del problema. Para la penalista, la cuestión fundamental no es el contexto normativo, que considera "suficiente", sino el hecho de que es muy difícil descubrir el origen de las filtraciones porque los periodistas se acogen al secreto profesional para no revelar sus fuentes.
Por este motivo, Royo considera complicado llegar a soluciones que concilien la presunción de inocencia de los procesados con el derecho a informar de los periodistas o el de la ciudadanía a ser informada.
Desde la judicatura, Ignacio González Vega considera que hay una cuestión previa fundamental que es necesario responder: ¿a quién corresponde la labor de informar a los medios sobre un procedimiento penal en curso?
En su opinión, esta función debería recaer en un órgano independiente como la fiscalía, una práctica que ayudaría a evitar fenómenos como las denominadas penas de telediario, que afectan no sólo a la presunción de inocencia sino a los derechos a la propia imagen o al honor.
Sin embargo, aunque esta función está prevista en la regulación de la fiscalía, "nunca se ve a un fiscal informando a los medios", señaló el magistrado, "y eso es lo que yo echo de menos en España".
Ante la falta de interlocutores oficiales con la prensa, el portavoz de Juezas y Jueces por la Democracia reivindica la importancia de las asociaciones judiciales para aportar una dosis de racionalidad en el debate jurídico, aclarando, no obstante, que "el juez es el único que no debe hablar del caso".
Para Alberto Cabello, la relación de los abogados con la prensa debe ser fluida y atenerse a los elementos procesales, evitando así la difusión de información que pueda influir desde fuera en el proceso.
