MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha asegurado este jueves que en los presuntos fraudes en los cursos de formación continua "no hay caso político", sino "una mala utilización de fondos por los beneficiarios".
En el pleno de la Asamblea de Madrid, en el que toda oposición ha pedido la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto uso fraudulento del dinero destinado a cursos de formación continua, la diputada socialista Maru Menéndez ha reclamado "clarificar una estafa como la que se ha producido en la Comunidad" y ha instado al Ejecutivo autonómico a "asumir su responsabilidad".
"Es su responsabilidad y debe asumirla, la acabarán asumiendo cuando no quede otra", ha aseverado Menéndez, quien ha considerado que es verdad que "el sistema es mejorable" y la formación "debe reformarse, pero no destruirse". "Ni cheques ni sobres, gestión eficaz como hacen los empleados públicos de la Comunidad", ha apostillado.
En respuesta a la socialista, Mariño ha asegurado que no han organizado "ninguna trama", sino que están "gestionando los fondos de formación continua de manera correcta y establecida en el ordenamiento".
"Aquí no hay caso político, hay una mala utilización de los fondos por los beneficiarios y se sabrá cuando la policía y los jueces lo determinen", ha sentenciado.
En una intervención en la que ha habido referencias a la "fresca" a la que la semana pasada hizo mención Mariño, la consejera ha asegurado que los fondos se han dado con concurrencia, y ha afirmado que se ha hecho un control periódico de los cursos.
Además, ha dicho a Menéndez que cuando Valeriano Gómez llegó al Ministerio de Trabajo "metió en un cajón una serie de informes de colaboradores del Ministerio diciendo que la formación no funcionaba".
COMISIONES MIXTAS
Por su parte, el portavoz adjunto de UPyD Ramón Marcos ha preguntado por el funcionamiento de las comisiones mixtas de seguimiento de estos cursos, a lo que Mariño ha respondido explicando que "se han constituido siempre que algunas de las entidades interesadas lo han solicitado".
Esto no le ha parecido bien a Marcos, quien ha defendido que la Orden Ministerial de 2011 "establece la obligación" de constituir estas comisiones, que se encargan del "seguimiento de los cursos". A su juicio, hubiera sido algo "muy interesante para controlar estos presuntos fraudes".
No obstante, Mariño ha aseverado que estas comisiones no se dedican al "control", sino que son "un instrumento de interpretación de controversias". Además, ha explicado que el programa que detectó los presuntos fraudes trabaja en momentos en que no existen comisiones mixtas, ya que éstas finalizan cuando se dejan de ejecutar los cursos.
