Mariño dice que el borrador de ley ya incluida 2 años de plazo para afrontar problemas sociales y urbanísticos

Actualizado: lunes, 7 septiembre 2009 19:13

Dice que la Comunidad no tiene la culpa de que ni Madrid ni Rivas se percataran de los plazos y que ahora teman no poder cumplir

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, aseguró hoy que el anteproyecto de ley para la Cañada Real Galiana incluye plazos desde sus negociaciones de julio, en concreto, dos años para que los ayuntamientos adapten sus planeamientos urbanísticos y afronten la cuestión social.

"Una vez transcurrido ese plazo, conocido por los consistorios, la Comunidad de Madrid tendrá capacidad para decidir qué hacer con los terrenos afectados en la zona", afirmó la responsable autonómica en un comunicado al que tuvo acceso Europa Press.

Además, negó "rotundamente" que el Ejecutivo haya modificado el texto fijado en la mesa de negociación el pasado 7 de julio, y señaló que "la Comunidad de Madrid no se hace responsable de que tanto la delegada de Urbanismo de Madrid, Pilar Martínez, como el alcalde de Rivas, José Masa, no repararan en que en el documento acordado se fijaban plazos".

Según añadió, "la intención de la Comunidad es resolver el problema, no mirar hacia otro lado y, por ello, el Ejecutivo regional siempre ha considerado necesario fijar un plazo para evitar que el problema de la Cañada se eternice en el tiempo".

"Da la sensación de que Masa y Martínez, que nunca hicieron observaciones sobre los plazos fijados y ahora rompen el consenso alcanzado, tienen miedo de asumir sus responsabilidades a la hora de abordar un asunto que, según aseguró en julio la delegada de Urbanismo, podía resolverse en 24 horas", declaró Mariño.

SOLUCIÓN CONSENSUADA

"Frente a esa actitud, el Ejecutivo regional planteó desde el principio una solución consensuada, lo que tuvo como resultado un texto que recogía las reclamaciones y exigencias realizadas por todos los ayuntamientos afectados y que contaba con el beneplácito de todas las partes", añadió la consejera.

Según su punto de vista, "es intolerable que se acuse a la Comunidad de auspiciar operaciones urbanísticas especulativas en la zona cuando sólo se busca solucionar un problema histórico que otros no han querido o no han sabido resolver antes".

Por último, Mariño recordó que el Gobierno regional ha sido "la única administración que ha liderado, a través del consenso, la resolución de este problema y que, a pesar de ciertas actitudes y declaraciones, es intención del Ejecutivo regional llegar a un acuerdo y aprobar la Ley".