Mariño dice que entidades asumían compromiso de control de formación continua y oposición pide comisión de investigación

Actualizado: jueves, 6 marzo 2014 21:24

La Comunidad quiere implantar los "cheques formación" para que las ayudas lleguen directamente a los trabajadores y no por intermediarios

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha afirmado este jueves que son las entidades sociales o sindicales adjudicatarias de los fondos para la formación continua las que asumían "compromisos muy precisos" sobre el control de los cursos de formación, mientras que toda la oposición parlamentaria le ha pedido la celebración de una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.

Este debate se ha producido en el pleno de la Asamblea de Madrid tras conocerse presuntos fraudes cometidos con los fondos públicos entregados a asociaciones empresariales y sindicales para cursos de formación on line, que han dado lugar a que la consejera haya anunciado cambios en la formación continua como multas que tripliquen la cantidad no justificada.

En su intervención, la consejera ha echado mano de la normativa y ha apuntado que la ley dice que las entidades adjudicatarias "deben asumir compromisos muy precisos en lo que a control de formación se refiere" y ha añadido que, además, la norma dice que pueden imputar hasta un diez por cien de la cuantía que reciben a tareas de control y auditoría de estos cursos.

Además, ha indicado que la Fundación Tripartita (formada por el Ministerio, la patronal y los sindicatos) tiene un "papel esencial en la justificación y liquidación de los cursos de formación continua" y ha relatado que en primavera de 2013 la Fundación les transmitió que no les remitieran más expedientes sobre los cursos de formación por un fallo en su plataforma de gestión, una orden que, según ha aseverado, no se levantó hasta el 15 de enero de 2014, momento en el que, ha asegurado, empezaron a enviar expedientes.

En cuanto al caso de las subvenciones de 2011, correspondientes de cursos impartidos en 2012, entre los que se encuentran los presuntos cursos irregulares impartidos por Sinergia Empresarial S.L., empresa de José Luis Aneri, ha recordado que se han abierto 38 expedientes a 35 asociaciones, 25 de ellas, con cursos gestionados por Aneri.

En este punto, ha recalcado que Sinergia Empresarial S.L. "no es adjudicataria de subvenciones de la Consejería", sino que es una empresa subcontratada por las asociaciones empresariales.

PETICIÓN EN BLOQUE DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Por parte de la oposición ha habido una petición unánime: la celebración de una comisión de investigación en sede parlamentaria y ha pedido que se depuren responsabilidades. No obstante, el portavoz popular en la materia, Eduardo Oficialdegui, les ha dicho que a día de hoy no hay presentada una solicitud de comisión de investigación.

De hecho, el portavoz popular ha destacado los errores en los que ha incurrido la oposición a la hora de presentar la solicitud de comisión como es el objeto o la fecha de la misma

"Es el momento de asumir su responsabilidad política y eso tiene un nombre", ha señalado la diputada socialista Josefa Navarro, quien ha dicho a los populares que tienen "la oportunidad de ser coherentes apoyando la comisión de investigación que solicita la oposición" y se "depuren responsabilidades".

Navarro ha indicado que la Comunidad es "responsable" de lo sucedido porque fue la que pagó 4,4 millones de euros e hizo "dejación" en su labor de control y evaluación de las labores formativas. Además, ha acusado a la Consejería "de falta de control" en las distintas fases del proceso. Asimismo, ha indicado que los socialistas se personarán en el procedimiento penal

Por parte de IU, el parlamentario Joaquín Sanz ha dicho a Mariño que es "la más indicada para pedir en esta asamblea una comisión de investigación". A su juicio, "la más interesada" en que aclarar "los nubarrones que se han extendido en la Comunidad".

Sanz ha dicho a Empleo que es "su responsabilidad" ir controlando los cursos día a día y ha considerado que es "incierto que se haya querido perseguir un fraude que se estaba viendo". "Exijo que nos ponga en macha una comisión de investigación, es imprescindible que la ponga en marcha", ha destacado y ha añadido que pedirá la comparecencia del gerente de la Tripartita.

Por último, el portavoz adjunto de UPyD Ramón Marcos ha dicho a los populares que tenían que haber puesto el caso en manos de la Policía desde que lo conocieron. Y es que, al igual que el parlamentario de IU, ha aseverado que este tipo de supuestos fraudes se conocían desde la convocatoria de 2010.

UPYD: "HAN PODIDO INCURRIR EN UN ELITO"

"Han podido incurrir en un delito de encubrimiento, si no ha habido algún delito de cohecho en relación al señor Aneri, ¿tienen miedo a que Aneri hable y cuente alguna cosa?", ha preguntado Marcos, al que Oficialdegui ha instado a que vaya a los tribunales si le consta que puede haber algún tipo de delito.

En su intervención, Marcos ha considerado también que lo sucedido "debe motivar la creación de una comisión de investigación" y la "fiscalización de todas las subvenciones para la formación continua", las que han prescrito y aquellas en las que los delitos en los que se podían haber incurrido no han prescrito.

Por eso, ha instado a la Consejería a que no pretenda tapar el caso anunciando una reforma en los cursos de formación continua, y ha añadido que eso "no le excusa de sus responsabilidades" para haber cometido "tanta negligencia cuando no una acción que puede rozar el delito". También le ha respondido la consejera Mariño, quien ha instado a Marcos a denunciar el posible delito.

"CHEQUE FORMACIÓN"

También la consejera ha instado a los grupos de la oposición a que le presenten algún documento u orden en que se acredite que han dado órdenes a los funcionarios de no investigar. "No nos metemos en el trabajo de los técnicos", ha aseverado la consejera, quien ha negado que estén frenando los controles.

Por último, la consejera ha insistido en la necesidad de modificar la formación continua. Así, ha abogado por poner en marcha un "cheque formación" que llegue directamente a los trabajadores que realizan los cursos evitando intermediarios; establecer la obligación de controlar el cien por cien de los cursos realizados con estos fondos y no el cinco por ciento, como sucede en la actualidad; "impedir que se cobre por adelantado" este tipo de fondos y el aumento de las multas para los que hagan un mal uso de los fondos.