MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
A un mes de que el próximo 20 de noviembre se conmemore el aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y del fundador de La Falange, José Antonio Primo de Rivera, el Gobierno no ha aclarado a IU e ICV qué gestiones está llevando a cabo para garantizar que no se celebrarán actos fascistas en el Valle de los Caídos, tal y como prevé la conocida como Ley de Memoria Histórica.
El artículo 16 de la ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, establece que el el Valle de los Caídos, cuya basílica alberga las tumbas Franco y Primo de Rivera, "se regirá estrictamente por las normas aplicables con carácter general a los lugares de culto y a los cementerios públicos".
Pero además la Ley de Memoria especifica que en ningún lugar de ese recinto "podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas, o del franquismo".
Habida cuenta de que este es el primer 20-N en el que deberá hacerse efectiva esa prohibición --la Ley de Memoria entró en vigor en diciembre de 2007--, tanto el coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, como el portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, preguntaron al Ejecutivo qué gestiones está llevando a cabo para evitar que puedan registrarse nuevas manifestaciones franquistas en el Valle de los Caídos alrededor de esa fecha.
En una escueta respuesta, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo responde a ambos que se están "manteniendo contactos con responsables de la Abadía del Valle de los Caídos con el fin de instrumentar las previsiones" incluidas en la Ley de Memoria Histórica, pero no especifica si esas gestiones están dando sus frutos y si se puede garantizar que el Valle de los Caídos no acogerá de nuevo actos fascistas.
Además de prohibir estas manifestaciones en el recinto del Valle de los Caídos, la Ley de Memoria, en su disposición adicional sexta, establece que la fundación gestora del complejo debe incluir entre sus objetivos "honrar y rehabilitar la memoria de todas las personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil de 1936-1939 y de la represión política que la siguió con objeto de profundizar en el conocimiento de este período histórico y de los valores constitucionales".
Asimismo, mandata a la fundación a fomentar "las aspiraciones de reconciliación y convivencia que hay en nuestra sociedad", entre otras cosas, dando cumplimiento al artículo 16 que prohíbe la exaltación del franquismo en el recinto.
