MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Asamblea de Madrid debatirá y decidirá mañana, lunes, las nuevas medidas de seguridad destinadas a evitar que los invitados provoquen incidentes durante el desarrollo de las sesiones plenarias, como ocurrió el pasado día 2 de febrero, en que cuatro grupos de asistentes tuvieron que ser desalojados por sus constantes abucheos y un visitante llegó a agredir a un ujier, según el informe redactado por los servicios de seguridad de la Cámara.
Tras estos hechos, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, trasladó a los miembros de la Mesa y la Junta de Portavoces, con el respaldo del Grupo Popular, la necesidad de suspender el cupo de 30 visitantes por grupo durante los Plenos, identificar a todos las personas ajenas a la Cámara que entren en sus dependencias y pedir responsabilidades a las formaciones políticas de las actuaciones que desarrollen sus invitados.
Los grupos de la oposición (PSOE e IU) criticaron duramente estas medidas y las relacionaron con "leyes preconstitucionales propias del franquismo", según la portavoz adjunta socialista Ruth Porta, y "un intolerable ataque contra la libertad de expresión", en palabras del portavoz de IU, Fernando Marín. Al mismo tiempo, ambos pidieron la redacción de un informe de la Secretaría General de la Cámara que explicitara los "términos jurídicos exactos" que justifican de forma motivada las nuevas medidas de seguridad.
SUSPENSIÓN MOTIVADA
El citado informe, que fue difundido el jueves por el Grupo Popular, concluye que "es posible limitar la presencia de ciudadanos durante las sesiones plenarias a las tribunas de público" y que "la identificación en todo momento --acceso, estancia y abandono-- de los ciudadanos puede considerarse como una medida necesaria para garantizar el orden dentro del recinto parlamentario".
Del mismo modo, la Secretaría General del Parlamento madrileño sostiene en sus conclusiones que la Presidencia de la Cámara "puede suspender las invitaciones a la tribuna de público cuando considere que se trata de una medida necesaria para el normal desarrollo de la sesión plenaria".
De forma paralela, el portavoz del PP, Antonio Beteta, reclamó la confección de otro informe de los servicios de seguridad de la Cámara en el que se recogieran las "alteraciones" que se produjeron durante la citada sesión plenaria. Esta petición llevó a su homólogo socialista, Rafael Simancas, a denunciar la existencia de "una Gestapo parlamentaria" en la Asamblea de Madrid, al entender que "los servicios de seguridad de la Cámara regional investigan y redactan informes sobre los encuentros de los diputados de la oposición con los invitados".
Mientras tanto, el Pleno del pasado jueves, que se desarrolló sin invitados, estuvo protagonizado por las protestas de los diputados de IU, que exhibieron carteles por el veto del PP a dos de sus preguntas, los abucheos y reproches mutuos entre Gobierno y oposición y las constantes llamadas al orden por parte de la presidenta de la Cámara.
