MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Mesa de la Asamblea, con mayoría del PP, ha decidido este lunes no admitir una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario UPyD que insta al Gobierno regional a que adopte "cuantas medidas sean necesarias para que sea efectivo el derecho de los ciudadanos a la devolución por vía administrativa, y en el plazo más breve posible", del céntimo sanitario.
Con esta iniciativa, firmada por el portavoz parlamentario de UPyD, Luis de Velasco, la formación magenta perseguía la efectividad en la Comunidad de los mecanismos establecidos por el Estado a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para la devolución a los ciudadanos de los importes "indebidamente cobrados", solicitando la colaboración del Gobierno regional en el ámbito de sus competencias.
Velasco recordaba que el pasado 27 de febrero el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que el impuesto no se ajusta al derecho comunitario, abriendo la puerta para que los contribuyentes reclamen al Estado las cantidades abonadas.
A su juicio, entre los elementos más destacados de la sentencia del TJUE se encuentra la afirmación de que "el Gobierno español y la Generalitat de Cataluña no obraron de buena fe al mantener este impuesto en vigor durante más de diez años", una conducta "reprobable, al ser las instituciones las primeras obligadas a cumplir con la Ley".
"Ahora, reconocida la lesión en los derechos de los particulares, consecuencia de la mala praxis de los poderes públicos, es preciso articular mecanismos ágiles y sencillos con los que proceder a su indemnización", sostiene Velasco.
El Gobierno ha elaborado un modelo normalizado de solicitud de devolución de uso voluntario diseñado expresamente para estas reclamaciones, cuyas solicitudes serán objeto de una tramitación en la que se analizará cada caso de manera individualizada por la Agencia Tributaria, ha explicado.
En dicho proceso, la presentación de solicitudes indebidas o la utilización de datos incorrectos, inexactos o falsos serán susceptibles de sanción, ha advertido, al tiempo que ha constatado que, en comparación con la aplicación de otras sentencias, como la relativa a la revocación de la Doctrina Parot, ésta "no se aplicará de manera casi automática y puede dilatarse en el tiempo".
"Es por ello que entendemos que todas las Administraciones Públicas, servidoras con objetividad de los intereses generales con arreglo a principios como la eficacia y la coordinación, deben colaborar y articular cuantos mecanismos estén a su disposición para que la devolución de las cuantías indebidamente abonadas por los ciudadanos sea tramitada, a través de procedimientos diligentes y ágiles, de la forma que sea menos gravosa para los particulares afectados", ha señalado.
