Enfatiza que no cumplir las tablas salariales del convenio colectivo es motivo de resolución de contrato
MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
El consejero delegado de Metro de Madrid, Borja Carabante, ha defendido las condiciones del nuevo contrato de seguridad en el suburbano, que incluye más horas de servicio y contempla como condición de resolución de contrato el no cumplir con los salarios estipulados por el convenio colectivo a los trabajadores.
En este sentido, ha asegurado que este nuevo contrato soluciona la "conflictividad laboral" que se produjo con el anterior ante el impago de nóminas por parte de la empresa Seguridad Integral Canaria, dado que los trabajadores han sido subrogados.
Así lo ha detallado durante su comparecencia en la Comisión de Vigilancia de la Contratación de la Asamblea de Madrid, solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista de cara a explicar los pliegos de condiciones y el proceso de adjudicación de este servicio.
Carabante ha señalado que una plantilla de 1.600 personas componen el servicio de seguridad del suburbano, que dispone además de 8.000 cámaras de vigilancia para sus instalaciones. El presupuesto base de licitación supone un aumento de más del 9 por ciento y el número de horas de prestación de servicio (2.050.000) implica una subida del 20,7 por ciento.
El consejero delegado de Metro de Madrid ha explicado en su intervención que el proceso de contratación recoge primero una valoración técnica y luego se procedía a valorar el precio más bajo entre las ofertas, el criterio a su juicio "más objetivo" para conceder la adjudicación.
Una de las diferencias respecto al anterior contrato es el reparto de los lotes por líneas completas en lugar de por zonas, aspecto que aporta en su opinión más eficiencia al servicio.
La otra novedad es la penalizaciones directas por incumplimiento de contrato, que cubre de forma "adecuada" el "descubrimiento" de los requisitos del servicio y la obligación como "criterio esencial" de cubrir las tablas salariales del convenio colectivo, de cara a evitar casos como los impagos de Seguridad Integral Canaria.
En este sentido, ha reivindicado que Metro es la primera empresa pública que recoge esta obligación como condición necesaria para el contrato y que otras entidades públicas se han puesto en contacto con la compañía para conocer las características de los pliegos.
PSOE VE ASPECTOS POCO TRANSPARENTES EN EL CONTRATO
El diputado del PSOE Pedro Santín Fernández ha detallado que el contrato, adjudicado en febrero, tiene un valor estimado de 232 millones de euros y ha sido concedido a cuatro empresas que se reparten cinco lotes.
En este sentido, el diputado socialista ha reclamado explicaciones ante la situación de que cuatro empresas hayan sido adjudicatarias puesto que, en su opinión, los pliegos de condiciones estipulaban que una misma empresa no podía ser adjudicataria de dos lotes.
Aparte, Santín ha insistido que entre las ofertas presentadas a los distintos lotes, en todos ellos se producían dos propuesta económicas iguales "hasta en los decimales", una situación que le parece extraña.
En este sentido, ha indicado que 14 empresas se interesaron por este concurso y que finalmente solo cuatro optaron por presentarse al proceso. Por ello, ha preguntado al consejero delegado por qué motivos no desistieron de dicho proceso ante una concurrencia "tan baja".
Por otra parte, opina que hubo retrasos en la licitación de este contrato y cree que se limitó la información pública de los pliegos, unido a "falta de garantías sociales". Así, también critica que no se recogiera de forma "categórica" el impago de nóminas como resolución del contrato.
A su vez, la diputada de Ciudadanos Dolores González ha recalcado que, pese a que hay información de seguridad que no deben ser publicitadas, Metro debió optar por publicar el resto de pliegos de condiciones.
A su vez, ha aludido a que el contrato incluye las líneas concesionadas de TFM y Metro Ligero Oeste y que se debía aclarar si este aspecto se tenía en cuenta a la hora de rebajar el pago a las concesionarias.
Mientras, la parlamentaria de Podemos Isabel Serra ha recordado que 550 trabajadores de Seguridad Integral Canaria estuvieron sin cobrar su sueldo durante cuatro meses mientras finalizaba el anterior contrato sin que, a su juicio, el Gobierno regional se hiciera nada para resolver esta situación.
Mientras, el diputado del PP Álvaro Moraga ha afirmado que el procedimiento de contratación de este servicio en Metro ha funcionado "bien y con el máximo rigor".
Por otro lado, Carabante ha señalado que el servicio de vigilancia de seguridad en Metro está bien valorado y ha explicado que en junio del año pasado una asociación de empresas formuló un recurso contra los pliegos y que el Tribunal de Contratación de la Comunidad de Madrid estimo una cuestión (la ponderación de las mejoras del servicio) sobre las decenas que se impugnaban, por lo que se suspendió la tramitación para formular otra nueva asumiendo las recomendaciones del tribunal.
Por otro lado, ha detallado que en junio se prorrogó hasta finales de enero el anterior contrato de seguridad y que entonces no se conocía que Seguridad Integral Canaria estaba en situación de impagos y en concurso de acreedores. En este sentido, ha desgranado que con los pliegos anteriores no se podía rescindir el contrato con esta empresa.
A su vez, y en referencia a la intervención del diputado socialista, ha explicado que el pliego pone la condición de no adjudicar más de un lote a la misma empresa cuando se presentan el número suficiente de candidaturas, algo que no ocurrió en este caso.
Tras remarcar que se agilizó al máximo el proceso de contratación, Carabante ha precisado que en el caso de TFM es una obligación de Metro prestar el servicio de seguridad mientras que en Metro Ligero también lo despliega, aunque luego cobra el servicio a la concesionaria.
Finalmente, sobre el hecho de que las empresas presentaran la misma oferta a varios lotes, su opinión es que las sociedades presentan una propuesta baja en el lote que les interesa y luego reproducen una misma cantidad para el resto.
