Miles de ganaderos de porcino piden una solucion "inmediata" para las 29 plantas de tratamiento de purines

Concentración de ganaderos
EUROPA PRESS
Actualizado: martes, 18 marzo 2014 14:28

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de ganaderos, representantes del sector porcino y trabajadores de las plantas de purines, se han concentrado este marte frente al Ministerio de Industria para reclamar una solución "inmediata" para las 29 plantas de tratamiento de purines, que se han visto obligadas a paralizar su actividad por la reforma eléctrica.

El cierre definitivo de estas instalaciones implicaría la pérdida de más de 5.000 empleos, entre directos e indirectos, en su mayoría en el medio rural y afectaría a más de 2.000 explotaciones que gestionan sus excedentes a través de las 29 plantas existentes.

El impacto total del cierre de estas instalaciones se cuantifica en cerca de 350 millones de euros, según han indicado las organizaciones convocantes ADAP, Anprogapor, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas-Agroalimentarias de España.

El recorte unilateral en más de un 40% de la prima a este tipo de energía producida por las plantas de tratamiento que propone el Gobierno, a través del Ministerio de Industria, deja a miles de ganaderos sin una solución a corto plazo para la gestión de los excedentes de purín de sus explotaciones, han denunciado las organizaciones.

El sector del porcino representa el 14% de la producción final agraria y genera más de dos millones de empleos, de los cuales 200.000 son puestos de trabajo directos.

Así, durante la concentración, que se ha llevado a cabo bajo el lema 'Por un sector porcino sostenible. No al cierre de las plantas', las organizaciones convocantes han exigido al Gobierno una solución "inmediata" que permita a las plantas de cogeneración de tratamiento de purines mantener su actividad y a los ganaderos poder gestionar correctamente sus excedentes.

Para ello, han entregado un manifiesto a Industria en el que proponen eliminar el carácter retroactivo de la propuesta legislativa, una moratoria del régimen actual de al menos 2 años, que permita al sector buscar soluciones alternativas y viables, y la interlocución entre gobierno y sector afectado para conocer el transcurso de las negociaciones.