También por la posible expropiación de la filial Triple A de Barranquilla (Colombia)
MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -
La agencia de calificación Moody's está evaluando si rebaja la calificación del Canal de Isabel II como consecuencia de la "creciente incertidumbre" sobre el impacto que pueden tener los procesos judiciales en curso en la entidad (como el caso Lezo).
También alude a la posible expropiación de la principal filial latinoamericana del Canal, Triple A de Barranquilla (Triple A), a medida que avanzan las investigaciones judiciales o administrativas, lo que puede hacer surgir otras responsabilidades que podrían "tener un impacto negativo significativo en la posición financiera de Canal".
Por ello, la agencia ha iniciado un proceso de revisión para rebajar la calificación de emisor a largo plazo de 'Baa1' y la calificación senior no garantizada de Canal, según se desprende de la notificación de 'hecho relevante' de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV).
"Los impactos negativos significativos del crédito podrían incluir multas monetarias y, posiblemente, un evento de incumplimiento del bono senior no garantizado de 500 millones del Canal que permitiría a los
tenedores de bonos acelerar el reembolso luego de la conclusión del proceso de expropiación de Triple A", recoge el texto.
Con respecto a esta revisión de calificación, el Canal Isabel II ha emitido una serie de consideraciones, como el hecho de que tuvo conocimiento de que la Fiscalía General de Colombia, con fecha de 3 de octubre, había adoptado un acuerdo por virtud del cual se había ordenado de forma cautelar la suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro de las acciones de la Sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa) en Triple A de Barranquilla S.A, que suponen el 82 por ciento de su capital social.
Posteriormente, el 10 de octubre, tuvo también conocimiento de la convocatoria de la Asamblea General (Junta de Socios) de Triple A, para, entre otras cuestiones, el nombramiento de una Junta Directiva que sustituya al órgano de administración vigente hasta la fecha.
En relación con las informaciones anteriores, esta sociedad emprenderá "todas las actuaciones y acciones a su alcance para defender sus derechos y garantías" ante la medida impuesta por la Fiscalía General de Colombia.
Por ello, el Canal tiene pensado personarse ante el Juez de Control de Garantías, a través de sus representantes en Triple A y en la mercantil Inassa, para defender los intereses de Inassa, de sus accionistas y de los accionistas de Triple A, con el fin de preservar sus derechos económicos y patrimoniales.
Aparte, la entidad hace constar que lleva prestando servicios en y para el distrito de Barranquilla desde hace 17 años "con total eficiencia y responsabilidad".
"El Canal de Isabel II S.A. siempre ha mantenido una política de prudencia financiera, basando su gestión en un crecimiento sostenible que equilibra las inversiones realizadas y los fondos generados, asegurando solvencia y viabilidad. La medida cautelar adoptada por la Fiscalía General de Colombia no compromete en modo alguno la solvencia de la Sociedad", argumenta la entidad.
Ante el 'Event of Default' (caso de impago) por la posible expropiación recogido en la cláusula 11.11 del folleto registrado en la CNMV, el Canal asegura que mantiene una "sólida posición financiera (liquidez y líneas de crédito) y acceso al mercado de préstamos bancarios que le permitiría, en su caso, el rescate de la emisión realizada bajo el programa de renta fija registrado en la CNMV, "sin afectar a su solvencia".
