MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las agencias de calificación de riesgo Moody's y Fitch han confirmado la nota de crédito del Canal de Isabel II de aprobado alto, pese al embargo de las acciones que tenía en su filial colombiana Triple A por parte de la Fiscalía General de Colombia.
Moody's, que mantiene el rating en BAA1 con perspectiva "estable", advierte de que la pérdida de control en Triple A tendrá "implicaciones financieras negativas" para la empresa madrileña.
Por su parte, Fitch ha ratificado la nota de BBB+ con perspectiva "estable", y ha señalado que, incluso en el peor de los escenarios, que sería una posible expropiación sin compensación, el impacto tanto en términos de reputación como financieros es "manejable dentro del actual rating".
La Fiscalía General de Colombia ha embargado, como medida cautelar, las acciones que Inassa S.A., empresa intermediaria del Canal de Isabel II, tiene en Triple A de Barranquilla, encargada del suministro de agua y de los servicios de alcantarillado en la ciudad de Barranquilla y las zonas de alrededor, en el norte de Colombia.
Inassa cuenta con el 82 por ciento de las acciones de Triple A, cuyo valor ascendía a unos 58 millones de euros a finales de 2017, con un rating de BAA2 negativo, según Moody's, y que actualmente está bajo control del Gobierno colombiano.
La Fiscalía colombiana argumenta que unos 68 millones de euros fueron desviados de Triple A hacia Inassa en virtud de contratos de asistencia técnica entre las dos partes que no llegaron a materializarse.
Canal recurrirá la decisión para defender sus derechos en los próximos días y espera recuperar el control de las acciones de Triple A o recibir una compensación de acuerdo a su valor de mercado, según explica Fitch en su informe.
En cuanto al informe de Moody's, firmado por la analista Erica Gauto Flesch, señala que "Triple A es la mayor filial del Canal en América Latina" y "representa alrededor del 15 por ciento de los ingresos consolidados del Canal y el 10 por ciento de su EBITDA" (beneficio bruto de explotación).
Así, sostiene que "la pérdida de control en Triple A tendrá implicaciones financieras negativas para Canal, no solo porque la compañía perderá el flujo de efectivo que normalmente recibe en formato de dividendos sino también porque Canal estaba en proceso de vender sus participaciones en las filiales latinoamericanas, lo que se supenderá hasta que Canal pueda resolver su disputa con las autoridades colombianas".
Fitch destaca la importancia "limitada" de las operaciones en Colombia, comparado con las actividades del Canal en Madrid y el margen para absorber la desconsolidación de Triple A y una suspensión de su desinversión, prevista para 2022.
En este sentido, señala que la medida de la justicia colombiana "incrementa el riesgo de pérdida de control", y por lo tanto "compromete" las intenciones de desinversión del Canal antes de 2022.
No obstante, indica que han desconsolidado las operaciones colombianas y quitado el dinero de su venta, "sin impacto material en los parámetros financieros del Canal".
