MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, revela que una familia de acogida madrileña fue agredida por el "violento" padre del niño de cinco años que habían acogido hace unos meses y que no había dado el consentimiento, razón por la que sugiere vigilar estos sistemas.
En su informe anual de 2009, el Defensor del Pueblo dice que "los padres de acogida deben contar con asesoramiento y orientación, conocer las circunstancias del niño y la mejor forma de afrontarlas" y que "la administración tiene que vigilar el buen funcionamiento de la acogida y adaptación del menor".
No obstante, añade que estas premisas "no se dieron" en el caso del acogimiento de un niño de cinco años, cuyos acogedores, que llevaban cuatro meses viviendo con su niño, "se vieron sorprendidos a por el padre biológico, extremadamente violento, que había tenido conocimiento de su dirección y les amenazó a ellos y al pequeño".
La familia de acogida denunciaba que nadie les había informado de la oposición del padre al acogimiento ni de su carácter violento y consideraba inadmisible que el padre hubiera accedido a sus datos y a su dirección, lo que supuso que el niño no pudiera seguir con ellos, que temen por su propia seguridad y la de sus dos hijos.
El Defensor indica que la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid "se limitaba a afirmar que por motivos desconocidos pero, en todo caso, ajenos al Instituto Madrileño del Menor y la Familia, el padre del menor consiguió averiguar la identidad y el domicilio de los acogedores".
Tras destacar que desde el primer momento "se intentó advertir al padre del menor de sus obligaciones de abstenerse de toda comunicación con respecto a la familia acogedora, no siendo posible debido a su especial problemática personal", indica que a causa de esta situación, la familia decidió desistir del acogimiento del niño, que fue ingresado en una residencia infantil.
Se le notificó al padre con el fin de que dejara de merodear por el domicilio de los acogedores. Además, después se han tomado nuevas decisiones sobre las medidas adecuadas para poder salvaguardar el interés superior del menor y evitar que pueda repetirse en el futuro una situación semejante. Las nuevas medidas se encuentran actualmente en trámite de ejecución y supervisión por los Juzgados de Familia de Madrid.
