Un primer fallo sentenciaba que el anestesista retiró precipitadamente los tubos de oxígeno e indemnizaba a la familia
Recursos posteriores absolvieron al sanitario y ahora la madre tiene que afrontar una deuda de 400.000 euros
La mujer pide ser recibida por el Ministerio de Justicia y que se estudie su caso
MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
Juana lleva una semana durmiendo en el pleno centro de Madrid con su hijo, quien está en coma desde hace 20 años a causa de una rinoplastia fallida. El Juzgado de Instrucción nº19 de Madrid condenó en 1993 al anestesista de la operación por una falta de negligencia o imprudencia, con una indemnización de 1,05 millones de euros (175 millones de pesetas), pero tras varios recursos, nuevos fallos judiciales no le dieron la razón a la mujer y, además, tiene que hacer cargo a más de 400.000 euros por costas.
Su hijo Antonio era un estudiante de Derecho de 21 años, ayudaba a su madre en la frutería y quería arreglarse la nariz porque estaba acomplejado. Según la primera sentencia por vía Penal favorable a esta familia, el anestesista "procedió a la 'extubación' precipitándose en el tiempo", lo que provocó que quedase en estado de coma vigil irreversible al tragarse un vómito y quedarse sin oxígeno para respirar, afectándole al cerebro.
Tras un recurso por parte del anestesista, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid le absolvió ese mismo año, tras valorar las declaraciones de las partes, testigos y peritos de otra forma, sin proceder a examinarlos directamente. Todavía con la vía penal abierta, acudieron al Tribunal Constitucional que consideró que la Audiencia podía valorar las pruebas sin necesidad de un nuevo juicio oral.
A posteriori, intentaron llevar su caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra argumentando que se debe garantizar el derecho a un juicio oral ante el Tribunal de Apelación. A pesar de lo abundante de la documentación presentada, en escasos días les devolvieron la comunicación sin identificación alguna, tan sólo lo que describen como "un garabato escondido detrás" de una sección: la Unidad de Comunicación.
Ahora, pasan 24 horas bajo un tenderete improvisado, salvo un par de horas cada tres días que Juana necesita para lavar a su hijo, aunque siempre queda alguien de la familia recogiendo firmas para que el Estado pida cuentas al Comité de Derechos Humanos, una de las últimas instancias a la que recurrieron con éxito nulo.
Juana calificó la actividad del Comité de "pantomima", mientras que el presidente de la Fundación JUREI (Justicia Responsable e Independiente), Luis Bertelli, que les está asesorando en la actualidad, aseguró que han sido tratados "como un mero objeto". "El Ministerio sí puede y debe pedir cuentas al Comité de los Derechos Humanos", explicó. En este sentido, fuentes oficiales del Ministerio se limitan a decir que no pueden pronunciarse.
Con la vía penal cerrada, procedieron a abrir la vía civil con la Sentencia del Juzgado de Instrucción de 1993 donde se exponía sin ambages que se procedió a la 'extubación' de Antonio Meño a pesar de "la existencia de evidentes, por exteriorizables y visibles signos de que hubiera recuperado la respiración espontánea y precipitándose en el tiempo".
Recurso tras recurso, los jueces le fueron quitando la razón a Juana que ahora tiene que hacerse cargo de las costas judiciales, 400.000 euros. En el camino, ha perdido un negocio de frutería donde su hijo le ayudaba hace 20 años y ahora podría perder la panadería de la familia y su casa si se hace efectivo el embargo. "Me condenan a pagar las costas de los juicios y lógicamente me dejan en la calle, pierdo mi negocio y casa y me quedo en la calle con una persona enferma", relató Juana.
Por su parte, fuentes del Ministerio de Justicia argumentaron que no puede hacer nada, porque se trata de una cuestión y competencia de los Tribunales, y no pueden cambiar ninguna resolución judicial, defienden.
Mientras, el abogado de Juana aclaró que han presentado una demanda de responsabilidad civil a los jueces que no condenaron al anestesista en el Tribunal Superior Justicia de Madrid. "Se han equivocado de una manera dolosa", opinó.
De momento, la madre de Antonio culpó a los jueces de haber cumplido el "papel de villanos" y avisó de que seguirá frente a la sede del Ministerio de Justicia mientras no obtenga una solución. "Eso es David contra Golliat, la lucha de un enfermo y un par de padres viejos contra los jueces que han consentido esta barbaridad", concluyó.
