La Consejería de Vivienda, que ha recibido 23.520 solicitudes, dice que sigue sin poder comprobar la renta del demandante
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Comunidad de Madrid ha iniciado la tramitación de 14.300 solicitudes de la Renta Básica de Emancipación, el 60 por ciento de las presentadas, pero no ha resuelto ninguna de ellas "debido a los problemas con el sistema informático del Ministerio para acceder a los datos de la Tesorería Seguridad Social y de la Agencia Tributaria", señalaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Vivienda.
El último recuento, efectuado el pasado martes, arroja que las 19 ventanillas que ha habilitado el Gobierno regional para tramitar esta ayuda han registrado en papel 23.520 solicitudes desde el 2 de enero, 6.500 durante este mes de febrero, y han sido grabados en el sistema informático para su posterior comprobación 14.300, 10.000 este mes.
"Ya lo avisamos cuando firmamos el convenio con el Ministerio de Vivienda. Ellos se comprometían a facilitarnos todo el proceso, pero seguimos sin poder comprobar los ingresos de los solicitantes con su vida laboral, uno de los requisitos imprescindibles para que los adjudicatarios puedan disfrutar los 210 euros", agregaron desde el departamento que dirige Ana Isabel Mariño.
No obstante, para intentar solventar esta situación, la Consejería señaló que ha abierto una línea de contactos directos con la Agencia Tributaria y la Seguridad social "de forma paralela". "El Ministerio alega que el sistema informático es el mismo para todas las comunidades. A lo mejor algunas tienen un convenio de colaboración con Hacienda, pero Madrid no", añadió.
La Consejería también criticó al Ministerio "las prisas" a la hora de poner en marcha "un sistema muy difícil" y la "tardía" formación que recibieron los empleados públicos, que fue impartida el pasado 7 de febrero. "Los 180 funcionarios han puesto todo de su parte en esta tarea y ahora el tiempo nos está danto la razón", dijeron dichas fuentes.
La Consejería de Vivienda reiteró que, debido a estas incidencias, no se ha resuelto todavía ninguna solicitud y aseguró que la única ayuda totalmente concluida a la que se refirió la ministra Carmen Chacón a principios de mes, que fue denegada, "corresponde a una prueba que se hizo para ver si funcionaba el sistema". "En Cataluña sólo se aprobaron dos; quizá también eran pruebas", añadió.
Según el convenio, el Ministerio tiene 15 días hábiles para conseguir todos los datos necesarios para realizar la tramitación. Luego, el Gobierno regional tiene un mes y medio para expedir y comunicar la respuesta tanto al Gobierno central como al solicitante.
FALLOS Y OBJETIVOS "NO CUMPLIDOS"
Por otro lado, el departamento de Mariño criticó que sólo el 5 por ciento de los formularios presentados corresponden a jóvenes menores de 30 años con contratos en alquiler firmados con posterioridad a la puesta en vigor de la medida. Así, entre el 80 y el 85 por ciento de los demandantes ya vivía de alquiler anteriormente y el otro 10 por ciento restante ha presentado la solicitud sólo para comprobar si tienen derecho a ella, con la idea de buscar un piso en régimen de arrendamiento en un futuro.
Asimismo, indicó a Europa Press que los funcionarios se encuentran con diversos fallos en el sistema informático que ha puesto en marcha el Ministerio. Entre ellos, la imposibilidad de incluir correos electrónicos de más de 30 dígitos o números de seguridad social de Francia --ya que éstos tienen más caracteres--, así como la falta del número de cuenta del propietaria en muchos de los casos y la imposibilidad de guardar los formularios con algún datos sin rellanar.
A pesar de estos incidentes, la Consejería de Vivienda recalcó que trabaja "con todos sus esfuerzos y recursos" en garantizar esta ayuda y que todos los solicitantes recibirán los 210 euros de forma retroactiva al momento que lo pidieron, independientemente de que se resuelva meses después.
