IU denuncia que en el nuevo texto priman "los recursos presupuestarios a las necesidades sociales"
MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -
La nueva ordenanza de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid ofrecerá ayuda a las personas "que no estén protegidas por ningún otro sistema de protección social" y garantizará " la igualdad mediante un procedimiento único de concesión de estos servicios para todos los ciudadanos, con independencia del distrito donde residan".
Así lo aseveró hoy la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, en la comisión ordinaria del ramo, donde añadió que se establecerá un baremo de valoración que permitirá identificar las necesidades o carencias de las personas que soliciten los servicios municipales.
También se atenderán las situaciones de urgencia de forma inmediata dentro de una ordenanza de la que dijo que conllevará "el fortalecimiento de los servicios sociales municipales ya que con ella el Ayuntamiento de Madrid garantiza para el futuro los altos niveles de protección que ofrecen en la actualidad los servicios sociales municipales". La norma tiene que ser aprobada ahora por el Pleno.
Estos argumentos no fueron suficientes para la portavoz de IU de Familia, Milagros Hernández, que denunció hoy que en el nuevo texto prevalecen "los recursos presupuestarios a las necesidades sociales" y limita "la universalidad de los derechos de los menores, las familias en dificultades y los extranjeros".
PASO ATRÁS Y REDUCCIÓN DE HORAS
La nueva ordenanza municipal, que regulará buena parte de la atención social de la ciudad, desde el servicio de ayuda a domicilio, los centros de DIA y los apartamentos y residencias municipales, supone para IU "un paso atrás que perjudicará de manera notable la calidad de vida de los colectivos más vulnerables" porque "ni es el momento de redactarla ni, en ningún caso, es la ordenanza que necesita una ciudad con tantas necesidades sociales como Madrid".
La edil recordó que el nuevo texto coincide con la implantación de la Ley de Dependencia que se encuentra en un proceso aún no concluido en las autonomías y que en la Comunidad de Madrid "está siendo un auténtico desastre". En este escenario, Milagros Hernández abogó por "un convenio entre el Ayuntamiento y el Gobierno regional que acuerde el traspaso a los Servicios Sociales Generales de la financiación del sistema de dependencia.
IU criticó asimismo que entre las novedades de la nueva ordenanza se estipula la reducción de las horas de ayuda a domicilio a ancianos. De este modo podrán quedará reducidas "hasta a cinco al mes" las destinadas a mayores que residan en los apartamentos tutelados por el Ayuntamiento.
Por su parte, la coordinadora general de Protección Social e Igualdad del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Dávila, destacó que en los últimos años el Ayuntamiento de Madrid ha llevado a cabo un importante incremento en el número de Centros de Servicios Sociales, pasando de 26 a 31, un incremento del 83 por ciento del número de profesionales, de 325 a 595, y una mejora de los recursos materiales dedicados a estos servicios, dando paso a los 207 millones de euros de los 61 anteriores.
También detalló algunas de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular a la nueva ordenanza, como la relativa a evitar la extinción del servicio por ausencia del beneficiario durante un periodo superior a tres meses si se debe a causas de carácter sanitario y la posibilidad de prestar estos servicios a personas que hubieran sido reconocidas como dependientes por la Comunidad de Madrid a través de los convenios que se suscriban entre ambas administraciones.
