MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación madrileña de Salud Pública reclamó hoy a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que reconsidere su decisión de suprimir la Dirección General de Salud Pública porque la eliminación de este órgano podría tener "graves consecuencias" para los madrileños.
En un comunicado, la asociación recordó que el pasado 2 de abril el Gobierno regional decidió suprimir mediante decreto la Dirección General de Salud Pública y extinguir el Instituto de Salud Pública de tal modo que las competencias de ambos organismos fueron disgregadas y repartidas entre otros departamentos.
Además, apuntó que salvo en la Comunidad de Extremadura, no existe ninguna otra región "que no cuente con una Dirección General de Salud Pública u organismo similar que integre estas funciones", y subrayó que Andalucía ha elevado recientemente al rango de Secretaria General al organismo encargado de asumir las competencias de Salud Pública.
"Mientras que desde todos los ámbitos, regionales, nacionales e internacionales, científicos y políticos, se pone de relieve la importancia creciente de la Salud Pública y se demanda un mayor esfuerzo inversor en estructuras y formación, para atender a los nuevos retos sanitarios de nuestra sociedad global, el Gobierno de la Comunidad de Madrid decide inexplicablemente disminuir tal inversión y disolver la estructura existente, disgregando sus recursos y por tanto debilitándolos", resaltó.
A juicio de la asociación, el Gobierno de Esperanza Aguirre ha supuesto desde 2003 "un freno importante para las aspiraciones de la Salud Pública madrileña". "La decapitación en ese año del Instituto de Salud Pública, subsumido como un engendro en la Dirección General de Salud Pública, y el nombramiento de un equipo directivo que llevó a la deriva a la organización durante cuatro años, constituían el preludio de la demolición actual si se mira retrospectivamente", añadió.
Finalmente, la asociación señaló que los argumentos que se han esgrimido para justificar la supresión de la Dirección General de Salud Pública resultan "tan irrelevantes" desde un punto de vista técnico para justificar esta decisión que "no se puede considerar como una decisión de política sanitaria, sino como una decisión política sin más apelativos".
"Del tiempo que tarde en repararse esta enorme equivocación dependerá el mayor o menor daño a la salud de los madrileños; de ese lapso de tiempo dependerá la probabilidad de que nos hallemos mejor o peor preparados ante cualquier amenaza abrupta y global a la salud de la población, cada vez más propias de nuestra sociedad actual, ya sea en forma de gripe aviar, bioterrorismo, ola de calor o cualquier otra nueva enfermedad infecciosa emergente o intoxicación alimentaria o ambiental masiva", concluyó la asociación.
