MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -
La delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez, ha abogado este miércoles en el último Pleno antes del parón estival por no esperar a la ley que se está tramitando en la Asamblea de Madrid para avanzar en la Cañada Real, sobre todo desde el punto de vista social, un extremo compartido por el Defensor del Pueblo en su informe anual.
Asimismo, la edil ha señalado directamente a la Comunidad de Madrid, por ser la titular del dominio público, para que convoque la demandada mesa con todas las partes afectadas ya que, de lo contrario, se darán únicamente "medidas paliativas pero no una solución integral al problema".
La cuestión de la Cañada Real ha llegado de nuevo al Pleno por parte del PSOE, seis meses después de que ya lo hicieran desde la oposición porque en palabras del portavoz socialista en el Ayuntamiento, David Lucas, "desde entonces nada se ha hecho". Esa postura no ha sido refrendada por Pilar Martínez ya que "se viene actuando desde hace tiempo en materia urbanística y en acción social" , tal y como recoge el último informe del Defensor del Pueblo.
En este sentido, la concejala ha detallado las 400 familias atendidas por los servicios sociales de Villa de Vallecas, las intervenciones del Samur en inundaciones, incendios y desalojos o las gestiones realizadas para llevar el suministro de agua o para desratizar la zona. A eso ha sumado que existe "operador público por cada 18 habitantes".
Todo ello después de que haya hecho un recorrido por la "heterogénea" situación en la Cañada Real, donde se pueden encontrar desde "segundas residencias a núcleos chabolistas". La edil ha aportado datos como que la población que vive en esas chabolas es de origen rumano que, por lo general, son "poco receptivos a la intervención social".
La edil Martínez ha expuesto además que en la Cañada Real caben dos alternativas, o intervenir por separado o promover una acción conjunta desde todas las administraciones. En su opinión, "por separado no se resuelve el problema, sólo lo palía". En ese punto ha puesto el ejemplo de la intervención del Estado, que hace redadas contra el narcotráfico "pero no resuelve la inseguridad ni el tráfico de drogas".
OPERACIÓN URBANÍSTICA DE "DUDOSA ÉTICA"
Por su parte, el portavoz de IU, Ángel Pérez, ha sostenido que las administraciones son cómplices por su omisión en la violación de derechos humanos que se comete en la Cañada Real. "Queremos una ley que regule el proceso para que la Cañada se devuelva al dominio público pero mientras tanto la intervención social no puede estar paralizada", ha sostenido el edil.
Pérez ha ido más allá sosteniendo que el Gobierno de Esperanza Aguirre "no quiere la Cañada Real para dominio público sin más sino una nueva operación urbanística de dudosa ética sobre las carencias y el sufrimiento de gente que, en parte, no tiene más delito que no tener nada", todo ello sin olvidar que hay otra parte de residentes en la Cañada que "especula y no son merecedores de ningún derecho".
El portavoz de IU ha insistido que no se trata de hacer "caridad" en la Cañada Real sino de aplicar los derechos humanos, que "no son competencia de nada, ni materia de delegación". Su receta pasa por "meter la pala" en la entrada de la Cañada y sacarla a su salida "derribando todo lo ilegal y dando derechos a las familias que los merecen" porque "ya está bien de una situación que es una vergüenza política".
