El consejero defiende la legalidad de la norma y "el derecho de los padres a elegir destino del depósito de sangre de sus hijos"
MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de Sanidad del PSOE en la Asamblea de Madrid, Lucas Fernández, pidió hoy al consejero de Sanidad, Manuel Lamela, que retire el decreto que regula la constitución y el funcionamiento de los depósitos de sangre procedentes de cordón umbilical, paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y "no haga más el ridículo".
Fernández, que preguntó por esta cuestión a Lamela durante la sesión de control al Ejecutivo autonómico en la Asamblea de Madrid, aseguró que el decreto es "inútil, genérico e impreciso", como sostiene la ministra de Sanidad, Elena Salgado. Al mismo tiempo, denunció "un interés compartido entre el Gobierno Aguirre y los negocios de la empresa Vidacord", que recordó que ha recurrido la decisión judicial.
El parlamentario socialista también recordó que el Consejo de Estado rechazó el decreto por "estar realizado sin ninguna seguridad jurídica", ya que, según indicó, se aprobó sin trámite audiencia a los interesados ni informe del Consejo de Consumo y a pesar de la existencia de "una legislación básica estatal" sobre la materia.
LEGALIDAD DEL DECRETO
En su turno de réplica, Lamela señaló que "la suspensión de un decreto sólo cabe en el ordenamiento jurídico cuando se produce un daño irreparable por la puesta en funcionamiento de lo que prevé esa norma". A continuación, defendió la legalidad del decreto autonómico y acusó a Fernández de "caer en el mismo error que el auto: entrar en el fondo cuando de lo que se está hablando no es de fondo, sino de la suspensión de un auto".
En otro momento de su intervención, Lamela defendió "el derecho de los padres a elegir libremente sobre el destino del depósito de sangre de sus hijos". "Eso es sagrado y usted apoya a una ministra que, en todas y cada una de las normas que dicta, lo único que hace es restringir los derechos de los ciudadanos --afirmó antes de recibir el aplauso de la bancada popular--. Eso, para nosotros, es inaceptable".
En este punto, el consejero agregó que "los únicos intereses en conflicto son el derecho a la propiedad privada y a la vida", que aseguró que son los que defiende el Gobierno regional, y "el derecho del interés de la ministra a regular lo que quiere y cuando quiere en base a una presunta directiva comunitaria que no es de aplicación en el Reino de España".
