No afecta a Arturo Fernández, ya que concurrió al proceso electoral para presidir la entidad con otras condiciones
MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Asamblea de Madrid ha aprobado este viernes de madrugada la nueva ley por la que se regula la Cámara de Comercio de Madrid, que obliga a cesar tanto al presidente de la entidad, como a los cargos del Comité Ejecutivo y a los miembros del Pleno en el caso de que no estén al corriente de pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
En el trámite parlamentario se ha incorporado un artículo al proyecto elaborado por el Gobierno regional, a raíz de una enmienda de UPyD y de una transaccional a la misma del PP, donde se regula la pérdida de la condición de los miembros del Pleno y del Comité Ejecutivo, incluido su presidente.
Según este artículo, estos perderán su condición como tales, entre otros supuestos, "cuando desaparezca cualquiera de los requisitos legales de elegibilidad que concurrieron para su elección". La ley establece que para ser candidato a los órganos de gobierno de la Cámara uno de los requisitos es "hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social".
Este requisito fue añadido en la Ley Básica de Cámaras de Comercio en sustitución de la condición de estar al corriente de la cuota cameral, según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.
Otro de los requisitos exigidos para ser candidato, también extraído de la Ley Básica, es "no estar incluso en ninguna causa legal que impida dicha condición". Las mismas fuentes han confirmado que dichos requisitos, que serán los que rijan en el próximo proceso electoral, tendrán que cumplirse a lo largo de todo el mandato.
Se dan las circunstancias de que el actual presidente de la Cámara de Comercio, Arturo Fernández, imputado en el caso Bankia, ha sido embargado en varias ocasiones por sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social.
No obstante, desde la Consejería de Economía y Hacienda sostienen que, aunque siguiera sin estar al corriente del pago de sus obligaciones, no se le puede reclamar que cumpla con un requisito que no estaba en vigor cuando él concurrió al proceso electoral, por lo que no sería un condicionante para el término de su mandato.
El mismo artículo establece que el Comité Ejecutivo y su presidente cesarán "por haber sido condenados por delito doloso". "Cesarán igualmente, en el caso de delitos relacionados con la corrupción y, en particular, aquellos contra la administración pública, ordenación del territorio, hacienda y seguridad social, delitos societario y otros de similar naturaleza, cuando en la causa judicial seguida para su persecución se haya dictado resolución que acuerde la apertura de juicio oral contra aquellos y ésta haya alcanzado firmeza", agrega.
NUEVA DENOMINACIÓN
Por otro lado, con la nueva ley, cuya finalidad es adecuar la entidad cameral al nuevo modelo instaurado por la Ley Básica, ésta pasará a llamarse Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Madrid.
Además, la normativa adapta la entidad cameral a la Ley de Transparencia, de manera que se establece que queda sujeta a dicha ley y conforme a ello "deberá hacer públicas, en un lugar de fácil acceso de su página web" sus presupuestos anuales y su liquidación; las cuentas anuales; la relación de puestos de trabajo; la subvenciones que reciba así como otro tipo de recursos públicos que pueda percibir para el desarrollo de sus funciones, y las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables, así como las indemnizaciones en caso de cese.
Entre las novedades de la ley destaca también que la Cámara de Comercio, Industria y Servicios debe representar a todas las empresas de estos sectores, sin que de ello se derive ninguna obligación económica para ellas. Es decir, todas las empresas y empresarios que realicen actividades comerciales, industriales o de servicios podrán hacer uso de la Cámara pero no están obligados a contribuir a su sostenimiento, pudiendo hacer aportaciones voluntarias.
El nuevo modelo de la Cámara supone que sus ingresos ya no provendrán de cuotas por lo que deberá obtener sus ingresos mediante la prestación de servicios a las empresas, las rentas de su patrimonio, las aportaciones voluntarias, las operaciones de crédito que suscriban y cualquier otro procedimiento de conformidad con el ordenamiento jurídico, lo que implica que deba compaginar el ejercicio de las funciones público-administrativas con actividades privadas que le permitan asegurarse su suficiencia financiera.
La ley atribuye a la entidad cameral la función de colaborar en los programas de formación establecidos por centros docentes públicos o privados y, en su caso, por las administraciones públicas competentes, así como impartir formación profesional reglada y formación para el empleo.
También la habilita para "promover o facilitar el acceso a la financiación de los autónomos y empresas para el inicio y/o desarrollo de proyectos empresariales, mediante la concesión de créditos, avales, préstamos u otros instrumentos financieros", respetando la reserva de actividad financiera prevista en la ley de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.
Además, establece que elaborará un "código de buenas prácticas que garantice la imparcialidad y transparencia en el desarrollo de sus funciones".
CRÍTICAS DE PSOE E IU
La diputada socialista Paz Martín ha explicado que su grupo condicionaba su voto a favor de la ley --finalmente se abstuvo-- a la admisión de una enmienda por la que se establecía la obligación del presidente de la Cámara de comparecer ante la Comisión Competente del parlamento regional a iniciativa de los diputados. "La transparencia y el venir a rendir cuentas a esta Cámara donde está la soberanía popular debería ser una obligación", ha señalado Martín.
La diputada socialista ha reprochado al actual presidente de la Cámara que mientras se le ha visto "en los sofás del sobrino apócrifo", en alusión a Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como el 'Pequeño Nicolás', haya rechazado comparecer en comisión en la Asamblea.
El PP ha rechazado la enmienda porque se refiere a una cuestión que tiene que ver exclusivamente con el reglamento de la Asamblea de Madrid, ha explicado el diputado 'popular' Pedro Muñoz Abrines. El reglamento establece la obligatoriedad de comparecer para los altos cargos y los funcionarios de la Comunidad.
El diputado de IU Antero Ruiz también ha justificado la abstención de su grupo en la votación por el rechazo a una enmienda en el mismo sentido que la del PSOE, y además porque no contempla que las asociaciones de autónomos estén representadas en la entidad, cuando "los comerciantes son mayoritariamente autónomos", lo que, a su juicio, "tiene poco que ver con la democracia y con la transparencia".
Por su parte, el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, ha explicado que su grupo ha votado a favor de la ley a pesar de "algunas pequeñas diferencias con el PP", porque "mejora una serie de cosas, especialmente en términos de transparencia y de causas de cese o dimisión del Comité Ejecutivo".
