MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -
El portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Tomás Gómez, ha anunciado este domingo una iniciativa parlamentaria para prorrogar de nuevo la Ley de Arrendamientos Urbanos y así evitar "el cierre de cientos de establecimientos incapaces de asumir las subidas de sus alquileres".
Según ha informado el partido político en un comunicado, se ha presentado una Proposición no de Ley (PNL) en el parlamento regional para que se solicite al Gobierno de España una modificación de la Disposición Transitoria Tercera de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos que incluya medidas de apoyo a la actividad de los locales de negocio de renta antigua.
Así, reclaman que se introduzca un nuevo régimen transitorio con efectos a 1 de enero de 2015, en el que se proceda a una actualización de la renta por la diferencia entre el incremento de los últimos veinte años del IPC de arrendamientos urbanos y el incremento del IPC general, utilizándose como índice corrector el referido IPC de arrendamientos urbanos anual corriente a partir de esa fecha; y que se mejore la compensación del fondo de comercio en los casos de abandono forzoso del local de negocio, para que el arrendatario pueda participar del aumento del valor del local, consecuencia de su actividad económica ejercida durante más de treinta años.
Además, solicitan medidas de apoyo al comercio minorista afectado por el fin de la moratoria, con la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios afectados y, la elaboración de un plan de protección integral del patrimonio comercial histórico de nuestras ciudades y pueblos.
La vigente Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 impuso una moratoria para la finalización de los contratos de locales arrendados bajo la vigencia de la Ley de Arrendamientos de 1964 (reformada por el Real Decreto-Ley 2/1985), por un plazo de veinte años a contar desde la entrada en vigor de la actual Ley, con algunas excepciones muy tasadas.
El próximo día 1 de enero de 2015 se cumple ese plazo, lo que supondrá la finalización de la mayoría de estos contratos de arrendamiento de locales de negocio, algo que los socialistas estiman que afectaría en la región a más de 30.000 establecimientos, pudiendo suponer traspasos y cierres.
El PSM asegura que entre el 5 y el 10 por ciento de los establecimientos mercantiles se encuentran bajo esta moratoria legal, a punto de finalizar. Puede afectar a más de 300.000 establecimientos comerciales en toda España, en muchos casos regentados por trabajadores autónomos o de carácter familiar y a casi un millón de trabajadores.
Además, los socialistas también creen necesaria una mejor compensación del fondo de comercio derivado de la correcta explotación de un negocio en local largamente arrendado, del que no puede apropiarse sin más el arrendador por la extinción del arrendamiento, utilizándolo como factor en exclusivo beneficio al cambiar a rentas de mercado y sin embargo indemnizar con la referencia de las rentas actualmente vigentes. Por ello consideran necesario introducir algún mecanismo como que la indemnización por clientela, en caso de abandono forzoso del local por el antiguo arrendatario, se calcule sobre la renta del nuevo contrato, para que el arrendatario pueda participar en ese aumento del valor del local, consecuencia de su actividad económica ejercida durante más de treinta años.
Por último proponen otras dos actuaciones de carácter complementario dirigidas a potenciar el comercio minorista: la apertura de una línea de crédito ICO para el traslado, reforma y adaptación de locales para los comercios afectados por la finalización de la moratoria y, por otra parte, la elaboración de un plan de protección integral del llamado 'patrimonio comercial histórico' de nuestras ciudades y pueblos.
