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MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los Grupos Parlamentarios de PSOE e IU en la Asamblea de Madrid han tildado de "ilegal" una campaña que la Comunidad de Madrid quiere poner en marcha "a mes y medio de las elecciones" que anima al pago de los impuestos y que PSOE tilda de "autobombo" porque destaca aspectos como las rebajas de impuestos y las deducciones aplicadas por la Comunidad de Madrid.
Se trata de un contrato para hacer una campaña informativa que apueste por fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, que, según establece el pliego de condiciones, tiene que contener información como las medidas adoptadas en Madrid en materia de "rebajas de impuesto de la renta desde 2004, el paquete de deducciones más amplio entre las comunidades autónomas" o que Madrid es "la única región en la que no se paga impuesto sobre Patrimonio".
Los pliegos, a los que ha tenido acceso Europa Press, también contemplan la necesidad de que la campaña hable de que esta situación ha permitido que los madrileños tengan "más dinero para ahorrar, consumir o invertir" y que ha situado a los madrileños "en una posición privilegiada para liderar la recuperación económica y ser el auténtico moto de la creación de empleo a nivel nacional".
También tiene que destacar "el incremento de gasto social" o que los madrileños "cuentan con la red de hospitales públicos más amplia de España".
"Se trata de una campaña que ellos llaman institucional, para fomentar que los madrileños paguen sus impuestos que es claramente propagandística", ha afirmado la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid Helena Almazán, que ha criticado que se puede hacer hasta "mes y medio antes de las elecciones".
Y es que el pliego dice que la campaña, de un máximo de tres semanas de duración, se podrá llevar a cabo hasta el 15 de marzo.
A juicio de Almazán, "lo más grave no son los 1,2 millones que cuesta esta campaña para que el PP intente sacar rédito electoral en los últimos meses de la legislatura, sino que además se desarrolla apenas un mes y medio antes de las elecciones autonómicas con el fin de hacer autobombo de una gestión que no han realizado, vulnerando la Ley de Publicidad institucional, que en su artículo 4 señala que están prohibidas las campañas cuyo único objetivo sea vender los logros del gobierno de turno". "Es inmoral e ilegal", ha subrayado la parlamentaria socialista.
"ESCASAMENTE ÉTICO"
Por su parte, la portavoz de Economía y Hacienda de IU en la Asamblea de Madrid, Libertad Martínez, ha denunciado que el Gobierno "vaya a gastar casi un millón de euros en una campaña de información sobre impuestos mientras está recortando las ayudas a quienes más lo necesitan".
"Es un escándalo que se destine un millón a publicidad preelectoral sobre regalos presupuestarios mientras se persiste una y otra vez en copagos en bienestar social o sanidad", ha denunciado.
La diputada ha espetado al consejero del ramo que "destinar recursos a propaganda es una indecencia absoluta en un momento con cifras de desempleo que se resisten a bajar porque la política económica y presupuestaria no lo persigue". "Hacerlo en víspera electoral además de escasamente ético, por no decir directamente inmoral, es posiblemente ilegal. Un año y otro también ustedes no hacen política presupuestaria, hacen propaganda", ha remarcado.
La diputada de IU también ha apuntado que "la gestión pública de la Comunidad ha permanecido un año más atrapada en la contradicción entre una austeridad de la que se presume y la incapacidad de controlar, un año tras otro, un gasto inútil para la vida de los madrileños que mientras ven limitados sus derechos observan como no se producen los ahorros que justificaron ese recorte".
"Una desviación presupuestaria del 5 por ciento, de casi 900 millones, pudiera haber contribuido de algún modo a paliar los efectos de la crisis. Enseguida veremos que no, cuando se analiza el detalle, muestra una mala gestión, especialmente en sanidad que se lleva el 63 por ciento de esas desviaciones, más que una mejor protección o atención a la ciudadanía".
Finalmente, Martínez ha concluido afirmando que nos encontramos "ante unas cuentas públicas incapaces de contribuir al bienestar, incapaces de contener los gastos, que se incrementan año a año en incumplimientos cada vez más groseros de la presumida excelencia, y con una vocación externalizadora que solo favorece a concesionarias y gestores privados".
