MADRID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, Alberto Reyero, ha anunciado que mantendrá una ronda de contactos con la patronal de las residencias para cambiar el modelo de gestión público-privada.
Lo ha avanzado durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, donde ha insistido en la apuesta del Gobierno regional por "la excelencia en la atención a las personas mayores".
En este sentido, de cara a la adjudicación de futuras concesiones, la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad trabaja en la elaboración de nuevos pliegos con nuevos requisitos que den mayores garantías, tanto en la prestación del servicio como a la hora de adoptar medidas en caso de incumplimiento.
Se barajan varias opciones, el precio podría ser una de ellas pero también establecer periodos de concesión más largos o marcar un umbral de penalidades más bajo que permita la rescisión de contrato si fuera necesario.
Además, Reyero ha asegurado que para garantizar el correcto funcionamiento en las residencias de mayores la Consejería va a seguir "ejerciendo esa labor de control y vigilancia" a través de las inspecciones que realizan los técnicos de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, imponiendo sanciones o penalidades económicas si detectan cualquier tipo de incumplimiento de las condiciones establecidas en los contratos.
En el marco de estas actuaciones, el Gobierno regional ha dado luz verde al inicio del expediente de resolución de cuatro contratos que la Comunidad de Madrid tiene con cuatro residencias de gestión indirecta.
En este sentido, el consejero ha explicado que es la primera vez que se pone en marcha este procedimiento por parte del Gobierno regional y el resultado podría suponer la rescisión de los contratos con dos de las empresas que gestionan los centros de Peñuelas, Ensanche de Vallecas y de Usera en Madrid, así como la Residencia de Parque de Los Frailes en Leganés.
Según ha podido constatar la Consejería, "las empresas habrían subcontratado a personal de enfermería para cubrir ausencias, una práctica que se prohíbe en los pliegos de condiciones y que sería por tanto motivo suficiente para rescindir los contratos que la empresa tiene en vigor para la gestión de estos centros".
El consejero ha explicado que estamos en una etapa inicial del proceso de resolución de los expedientes y ha hecho hincapié en que "la detección de esta irregularidad es fruto de la intensa labor de vigilancia realizada por la Consejería de Políticas Sociales", siempre con el objetivo de "garantizar la mejor atención a los mayores que residen en los centros que dependen de la Administración pública".
En los últimos cuatro meses de 2019 se han impuesto siete penalidades de carácter grave a empresas que gestionan residencias públicas por motivos como falta de higiene, descuido en la asistencia o escasez de personal.
"Nuestro deber como administración pública es asegurar que la atención que reciben las personas mayores, en muchos casos personas dependientes, es excelente", ha concluido Reyero.
