Dice que en septiembre presentó propuestas alternativas a puntos del texto que no han sido mayoritariamente contempladas
MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Rivas ha reaccionado con "estupor" ante el anuncio que ha realizado esta mañana la Comunidad de Madrid de aprobar y presentar el próximo 9 de mayo el 'Acuerdo marco sobre la Cañada Real' porque considera que dicho convenio "no cierra la herida abierta ni el problema social" de sus habitantes.
El Consistorio critica que el texto definitivo se haya filtrado antes a los medios que a los ayuntamientos. De hecho, alegan que lo han recibido hoy a las 9.45 horas. El Consejo de Gobierno lo ha dado el visto bueno esta mañana y casi a las 13 horas se han informado del mismo en la rueda de prensa posterior.
En la misma, el portavoz del Gobierno regional ha manifestado que Rivas no había realizado alegaciones a dicho texto, por lo que entendían que estaban a favor del mismo. "Decir que no hemos alegado es una excusa torticera. Nos mandaron a primeros de año el documento y les comunicamos que no lo firmarían, pero nos dijeron que habría un proceso de negociación que no hubo", ha dicho el edil de Urbanismo de Rivas, Fausto Fernández.
El documento no ha contado con las principales aportaciones alternativas presentadas por el Consistorio ripense, ni con la firma de la administración municipal. Aportaciones, porque, según el edil de Urbanismo, Fausto Fernández, no es un proceso administrativo al uso con alegaciones.
Por eso, en declaraciones a Europa Press, Fernández ha señalado que enviaron un texto alternativo el pasado 21 de septiembre a la Consejería de Asuntos Sociales, el que proponían que "de aquellos residentes que no puedan optar a sus viviendas el Consorcio se responsabilizará de su realojo".
Rivas planteó a la Comunidad que contemple en el plan también las viviendas que no están edificadas en la propia vía pecuaria, sino también en los márgenes, porque "sería dejar una parte del problema sin solucionar". También plantearon que se pongan en marcha instrumentos para ayudar a las familias con escasos recursos y que no podrían comprar la propiedad ni hacer frente a darle unas condiciones mínimas de habitabilidad a las mismas.
"Luego tenemos una diferencia filosófica sobre cómo debe quedar la zona. La Comunidad dice que en el apartado urbanismo que el objetivo esencial es consolidar el mayor número de viviendas y habitantes, pero nosotros creemos que el objetivo es integrar urbanísticamente la zona en aras de un equilibrio social y de una integración real con condiciones urbanísticas y sociales para que no se quede una zona de excluidos", ha esgrimido Fernández.
En cambio, critican que el texto definitivo que ha enviado esta misma mañana la Comunidad al Ayuntamiento, y que elimina la figura del Consorcio, dice: "La entidad u órgano que proceda procurará un mecanismo de realojo a aquellos residentes censados en su día por la Ayuntamientos, que cumplan los requisitos, pero cuya vivienda no reúna condiciones de habitabilidad".
LA COMUNIDAD "SE LAVA LAS MANOS"
El edil ha alertado sobre el "gravísimo problema social, urbanístico y de seguridad ciudadana que supone para la Comunidad de Madrid tener desde hace décadas a miles de personas en un asentamiento ilegal en el que la mayoría de sus moradores sufren exclusión social".
"Con este texto, la Comunidad se exime de la responsabilidad de realojar a miles de personas que sobreviven ahora en condiciones indignas y que no van a poder optar a la legalización de sus viviendas porque no disponen de los recursos económicos para hacerlo", ha aclarado Fernández.
"Pese a que en los dos últimos años se han realizado numerosas reuniones de trabajo de representantes políticos y técnicos de ambas administraciones, y que durante el mismo periodo tiempo se han manejado varios borradores, el Ejecutivo de Ignacio González parece que ha optado por una operación cosmética que no va a cerrar la 'herida abierta' por el mayor asentamiento ilegal y el más grave problema de exclusión social que sufre la región de Madrid", ha afirmado Fausto Fernández, concejal de Urbanismo de Rivas. LOS EXCLUIDOS
Por todo ello, el concejal de Urbanismo de Rivas se ha preguntado quién va a reubicar a los que no cumplan con los requisitos y quién se ocupará de los que reuniendo los requisitos y pudiendo legalizar su vivienda no dispongan de recursos para hacerlo?.
"¿Ha pensado la Comunidad responsabilizarse de la situación de miles de personas que no están censadas por los ayuntamientos y que se han asentado en los márgenes de los 70 metros de ancho que ocupa la antigua pecuaria?", ha añadido.
El Ayuntamiento de Rivas entiende que la Comunidad de Madrid "ha preferido atender las necesidades de una parte de las personas que habitan la Cañada Real, muchos de los cuáles son propietarios de chalés ilegales". "Esto es pan para hoy y hambre para mañana", ha resumido Fausto Fernández.
Según datos municipales, de las 293 familias que han sido censadas en la parte de la Cañada Real que corresponde a Rivas (sectores IV y V) el 27'6 por ciento son beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción; el 13'6 por ciento la ha solicitado y se la están tramitando y el 8'8 por ciento recibe ayudas de los Servicios Sociales de Rivas.
De acuerdo con los informes realizados por los mismo Servicios Sociales, 700 de las 1.132 personas que están censadas en la Cañada ripense sufren en distinta medida situaciones de exclusión social.
"Con estos datos en la mano parece difícil que estas familias dispongan de la capacidad económica para comprar el suelo y adecuar sus viviendas a las condiciones que exija su legalización", ha reiterado el edil de Urbanismo.
Por otros, el Ayuntamiento ripense ha lamentado "la forma" en la que la el Gobierno regional ha gestionado este conflicto y se reserva la capacidad de defender los derechos tanto de su ciudadanía, que ha tenido que convivir durante décadas con un grave problema social a la puerta de sus casas, "así como los de las personas que están malviviendo allí y ven vulnerados a diario sus derechos fundamentales".
"SIN RIVAS, CUALQUIER SOLUCIÓN SERÁ COJA"
Por todo ello, Fausto Fernández ha concluido que Rivas no estará en la firma del convenio, previsto para el 9 de mayo en la Puerta del Sol, a no ser que en el texto se incluyan sus reivindicaciones.
Además, ha calificado de "sinsentido" que el Gobierno regional pretenda seguir adelante con el proyecto aunque no firme porque considera que Rivas "tiene una ubicación central en este proceso, es una parte sustancial de la Cañada, el municipio más cercano y donde muchos ciudadanos, pertenezcan o no a Rivas, acuden a sus gestiones y servicios". "Creemos que sin nosotros cualquier solución sería coja", ha argumentado.
De hecho, el concejal de Urbanismo cree que sería "muy difícil" ejecutar el plan aprobado hoy por el Consejo de Gobierno cuando las competencias urbanísticas son municipales y el tema social "es muy complejo". "Parece que el papel lo aguanta todo, pero sería muy frustrante decir que se da una solución cuando no se ponen todos los recursos para ella", ha finalizado.
