MADRID, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
CCOO ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la valoración del conjunto de los hechos relativos al asunto del máster de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, y declaraciones vinculadas a las denuncias para que determine los posibles ámbitos de actuación, ha informado el sindicato en un comunicado.
Así lo ha manifestado CCOO al entender que la reputación de la universidad pública madrileña "no puede ser cuestionada en función de intereses particulares" de Cifuentes.
De este modo, ha instado a la jefa del Ejecutivo madrileño y a la Universidad Rey Juan Carlos para que aporten de manera pública las pruebas documentales que garanticen que se han cumplido "todas las normativas de aplicación y no ha existido trato de favor en la obtención del título cuestionado".
"El sistema público universitario en su conjunto y el madrileño en particular, así como la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y el conjunto de la ciudadanía, no merecen sufrir un minuto más una situación vergonzante que cuestiona el funcionamiento de dos instituciones claves: la Universidad Pública y la Presidencia de la Comunidad de Madrid", ha señalado.
En cuanto a Cifuentes, ha criticado que de "una forma vergonzosa" pretende presentarse como una víctima de la situación y desplazar la carga de la prueba a la universidad.
"Y en el marco de esta pretensión, algunos representantes políticos de su propio partido han ido más allá, pretendiendo situar la cuestión, no en unas posibles prácticas fraudulentas que podrían tener implicaciones penales y contrarias al ejercicio de cualquier cargo o responsabilidad pública, sino directamente en el cuestionamiento del funcionamiento de las universidades públicas", ha censurado.
Así, ha afirmado que si se demuestra que no tuvo lugar la defensa del Trabajo Fin de Máster, habría que preguntarse ¿qué autoridad y capacidad para gestionar lo público tiene quien lo utiliza en función de sus intereses y en beneficio propio?.
CCOO ha destacado que han reclamado la documentación oficial que acreditase el cumplimiento de la normativa de aplicación y que demostrase estar a salvo del supuesto trato de favor. En este sentido, ha asegurado que se mantienen a la espera del resultado del proceso de investigación reservada que en su momento puso en marcha la universidad.
Sin embargo, ha agregado CCOO, el pasado viernes 6 de abril la URJC remitió a la Fiscalía tanto los documentos relativos a los profesores Pablo Chico de la Cámara y Enrique Álvarez Conde, como las actas y la declaración de la profesora Alicia López de los Mozos.
Según ha explicado el sindicato, esto ha supuesto la suspensión del procedimiento de investigación interno de la parte trasladada a la Fiscalía, aunque se mantienen activas las investigaciones administrativas que no interfieran con lo trasladado.
Ante estos hechos CCOO ha puesto en manos de sus servicios jurídicos la valoración del conjunto de los hechos y declaraciones vinculadas a las denuncias y documentos conocidos en estos días para que determine los posibles ámbitos de actuación.
