MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos CCOO y UGT, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Confederación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad de Madrid CECU Madrid y Facua Madrid han registrado este miércoles un escrito en el Defensor del Pueblo para solicitar a esta institución que adopte las actuaciones pertinentes para paralizar la reducción horaria en los centros de Atención Primaria.
Según las entidades firmantes del escrito, esta propuesta de la Consejería de Sanidad, por la que los horarios de consulta de los centros de salud se reducen hasta las 18.30 horas, se aplica de momento en 14 centros como experiencia piloto "pero con la intención de extenderlo a toda la red de Atención Primaria".
Para los firmantes, "las políticas de los sucesivos gobiernos del PP en Madrid avanzan hacia el deterioro y desmantelamiento de la Atención Primaria, una vez que se paralizó su intento de privatización".
Como efectos de la reducción horaria, señalan más demoras en la citaciones a la población, quiebra en la continuidad de la atención, más urgencias en los centros de salud y en los hospitales, reducción de las plantillas de Atención Primaria en el medio plazo y "más privatización y desigualdad, al verse obligados, quienes cuenten con recursos económicos, a buscar la atención de sus problemas de salud en el sector privado".
"Por todo ello, rechazamos esta decisión de la Consejería de Sanidad que pone en serio riesgo la accesibilidad de la población a la Atención Primaria y la continuidad de la atención sanitaria, y que parece que solo pretende la privatización sanitaria continuando con la senda de deterioro y la descapitalización de la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid", exponen.
Por otro lado, critican que "esta actuación se ha realizado sin el acuerdo mayoritario en la Mesa Sectorial, lo que contraviene la legislación correspondiente y la práctica de diálogo y concertación que debe legitimar este tipo de decisiones", y "sin realizar consulta a la ciudadanía afectada por ningún medio". En este punto, el documento alude al rechazo de la Federación de Municipios de Madrid (FMM) y de "la mayoría de los Ayuntamientos afectados".
Frente a esta medida, los firmantes plantean la necesidad de incrementar los presupuestos destinados a la Atención Primaria, garantizar recursos profesionales suficientes --500 médicos más, 2.000 enfermeros más y 600 administrativos más--, asegurar al menos el 95 por ciento de las citas en 48 horas, establecer un mínimo de 10 minutos por consulta, entre otras medidas.
En declaraciones a los medios a las puertas de la institución encabezada por Francisco M. Fernández Marugán, la secretaria de Política Social y Diversidad de CCOO, Ana Gónzález, ha señalado la voluntad de los firmantes de "poner en valor la Atención Primaria, este nivel asistencial que es un eje troncal principal del sistema público sanitario, que ha sido profundamente deteriorado por el Gobierno del PP".
"Pretendemos que la Defensoría del Pueblo paralice esta iniciativa, que el Gobierno se separe de esta senda errática en la que ha metido a la sanidad pública madrileña, dirigida al deterioro, al desmantelamiento, a la descapitalización del sistema público sanitario y que sólo pretende la privatización, en este caso, de la Atención Primaria", ha añadido.
Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales y Sector Público de UGT, Eva López Simón, ha denunciado que la reducción horaria es "un paso más hacia la privatización". "Esta experiencia piloto que pone en marcha la Comunidad de Madrid va a traer un deterioro importantísimo y entendemos que es el momento de poder pararlo", ha apuntado.
Para López Simón, "no se puede consentir" que los centros de salud cierren a las 18.30 horas, "porque en este país es muy complicado en muchos trabajos pedir un permiso para poder acudir al médico".
El presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid, Marciano Sánchez Bayle, ha apelado al Defensor del Pueblo a que "interfiera ante el Gobierno de la Comunidad de Madrid para paralizar una iniciativa que es claramente lesiva para la accesibilidad y la continuidad de los cuidados, que son dos pilares básicos de la Atención Primaria".
"Creemos que se está vulnerando el derecho a la protección a la salud, que está en la Constitución, y que lo que se está produciendo es un deterioro intencionado del sistema sanitario público para favorecer su privatización", ha explicado.
RECHAZO DE LOS CONSUMIDORES
La presidenta de CECU Madrid, Itziar Marín Agillaume, ha advertido de que "la experiencia" les dice que estas iniciativas piloto "se convierten en definitivas", lo que supondría, ha explicado, que un niño no pueda ir a su pediatra al salir del colegio o que algunos trabajadores tengan que salir antes del trabajo para ir al médico.
A su juicio, la reducción horaria terminaría con la base del funcionamiento del sistema sanitario público, que es la Atención Primaria, y colapsaría las urgencias, "ya de por sí muy colapsadas", por lo que ha aseverado que "esta iniciativa se debe paralizar". Además, ha defendido que "los médicos de Atención Primaria tienen que conciliar, como todos, pero no reduciendo la atención a los usuarios de la sanidad pública sino contratando más personal para que se puedan hacer turnos".
La presidenta de Facua Madrid, Marian Díaz Palacios, ha señalado que el escrito es "un paso más dentro de Facua por la defensa de la sanidad pública", ante lo que "sin duda es un ataque de nuevo a este sistema sanitario que cada vez es más deficitario".
"Creemos que se está abocando a que por un lado se colapsen las urgencias y por otro lado la gente que tenga más recursos termine yendo a los seguros privados", ha apuntado, antes de afirmar que "la sanidad hay que defenderla entre todos, tiene que ser pública, accesible y de calidad, como era hace unos años".
