MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
CC.OO. y UGT denunciaron hoy que el anteproyecto de Ley de Garantía de la Movilidad y Ordenación del Transporte por Carretera, que pondrá en marcha el Gobierno de Esperanza Aguirre una vez este aprobada la normativa, nace para limitar las actuaciones en transportes de su compañero de partido y alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón.
"Esta puede ser una herramienta más de la presidenta para coartar e impedir que Alberto Ruiz Gallardón ponga en marcha nuevas acciones relacionadas con la movilidad y el transporte público", apuntaron, al tiempo que explicaron que el Ayuntamiento de Madrid es de los pocos, "por no decir el único, que tiene presupuesto suficiente para desarrollar políticas de envergadura sobre movilidad y transporte público".
El texto, que fue aprobado hoy por el Consejo Económico y Social de la Comunidad con los votos sindicales en contra, establece que las concesiones de los medios de transporte por carretera tendrán un periodo máximo de diez años y una posible prórroga por otros cinco ejercicios más. Además, garantizará que las concesiones se adjudiquen por concurso público mediante procedimientos abiertos y transparentes.
Esta iniciativa puesta en marcha por la Comunidad de Madrid con motivo de la entrada en vigor el próximo 3 de diciembre del Reglamento de la Unión Europea sobre Servicios Públicos del Transporte por Carretera, no difiere de la de otras comunidades que buscan hacer viables las inversiones en infraestructuras, vehículos y medios necesarios para la mejor prestación del servicio, algo que comparte el grupo sindical del CES.
Sin embargo, denunciaron que la ley que quiere aprobar Esperanza Aguirre incluye determinados preceptos favorables al Gobierno regional "que tienen como objetivo fundamental acaparar el control exclusivo en materia de movilidad y ordenación del transporte por carretera, invadiendo las competencias municipales sobre estas materias, bajo la ambigua definición de 'distorsionan gravemente los desplazamientos de otros municipios'.
Estas "pretensiones", según los sindicatos, se derivan de los artículos 6.2 y 11.2, que establecen que la Comunidad de Madrid puede paralizar toda iniciativa desarrollada por cualquier ayuntamiento en materia de movilidad y transporte público por carretera, para lo cual el Gobierno Regional se atribuye la facultad de elaborar un informe previo vinculante.
Pese a todo, aseguraron que en el anteproyecto de ley no se detalla el número de personas o desplazamientos (circunstancias) que tendrían que verse afectados para que se considere que un municipio queda afectado gravemente en los desplazamientos de sus vecinos por la decisión de otro, al igual que no se establece el tiempo máximo que debería transcurrir entre que se presenta la denuncia y la Comunidad emite su informe vinculante.
LEY INTEGRAL SOSTENIBLE
UGT-Madrid y CCOO-Madrid consideraron que es necesaria una ley integral de movilidad sostenible, que tenga más presente el área metropolitana de Madrid y las comunicaciones de carácter transversal, que en muchos casos quedan excluidas por la falta de cobertura del transporte público. "Cada vez más la morfología del área metropolitana tienen forma de telaraña y no de estrella de mar, que sería lo aconsejable", apuntaron.
Esto significa que la periferia tiene "muy mala comunicación entre sí", lo cual hace que el vehículo privado se convierta en un medio imprescindible para poder trasladarse de una zona a otro, situación que se va agravada en tiempos de crisis económica, "pues el transporte público por carretera se plantea como una gran alternativa mucho más barata frente al vehículo privado que trae consigo unos costes muy elevados".
