Acusan al Gobierno de la Comunidad de prevaricar al "imponer unos servicios mínimos que saben abusivos e ilegales"
MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -
Los secretarios generales madrileños de los CCOO y UGT aseguraron hoy no haber instado a los trabajadores a no cumplir los servicios mínimos durante la huelga de Metro, aunque "entienden su postura", ya que, "sin justificar el incumplimiento, hay motivos y precedentes suficientes para entender la medida".
El secretario general de Comisiones Obreras Madrid, Javier López, consideró que "los servicios mínimos tienen que ser siempre objeto de negociación, y si, en caso de no haber acuerdo, el Gobierno de la Comunidad toma medidas ilegales, los trabajadores han optado por no cumplirlo, lo que es comprensible".
"Está en juego el marco legal y constitucional, ya que existe un derecho a la negociación colectiva entre representantes sindicales y representantes empresariales, y este convenio colectivo tiene valor de ley", indicó López, por lo que, a su parecer "actuar sobre este convenio modificando salario y plantilla en una empresa, supone una violación de esas leyes".
Según el secretario general de UGT en Madrid, José Ricardo Martínez, "el Metro es esencial para los trabajadores, y sería exigible que fuese así considerado por la Comunidad", ya que "es un modo de transporte muy utilizado". "No se puede jugar al 'Monopoly' con el suburbano, y la Comunidad muestra una gran falta de respeto por los trabajadores, tanto de los de Metro como de los que usan ese medio de transporte".
ACUSACIÓN DE PREVARICACIÓN
"Las organizaciones sindicales están acostumbradas a reclamar jurídicamente en contra de los servicios mínimos que se establecen, y en este caso se volverá a hacer, ya que siempre se falla en favor de las mismas", indicó López.
"Cada vez que hay huelga, se imponen unos servicios mínimos abusivos, y dos años más tarde los tribunales reconocen que lo fueron, pero ya es tarde para ser considerado noticia", afirmó López, que aseguró además que "la Fiscalía debería actuar de oficio y condenar por prevaricación a algunos gobernantes que, sabiendo que los servicios mínimos son excesivos, los imponen, lo que es prevaricación".
En esta línea se movió también el secretario general de UGT Madrid, que aseguró que estas prácticas "son prevaricación, lo que está tipificado como delito". Martínez aseguró que "de lo que pasa en Metro sólo es responsable el Gobierno de la Comunidad, que ha intervenido en el diálogo de manera inoportuna e ilegal".
A juicio de los sindicatos "la Comunidad no tiene capacidad para modificar la negociación colectiva" y que su límite es "indicar un recorte, pero la manera en la que se lleve a cabo ese recorte se negocia entre la empresa y el trabajador, y no puede venir impuesta".
En este sentido, López aseguró que las medidas que se toman en algunas CC.AA., entre ellas la Comunidad de Madrid, son "abiertamente ilegales", ya que "el decreto del Gobierno de la Nación afecta a administraciones públicas, pero no a empresas públicas, y, por tanto, no puede forzar reducciones de salarios de la manera que pretende". Además, los sindicatos aseguraron que van a recurrir el decreto de Aguirre, porque "va más allá que el decreto del Gobierno".
CRÍTICAS AL CONSEJERO DE TRANSPORTE
Sobre las declaraciones del consejero de Transporte e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, sobre la posibilidad de sancionar a los trabajadores que no hayan acudido a su puesto de trabajo, incumpliendo los servicios mínimos, el secretario de UGT declaró que "el que tomó la decisión podía prever lo que iba a pasar, porque sabe desde el principio que es una medida ilegal".
"La única exigencia de los sindicatos en la negociación es que se respeten los derechos de los trabajadores de Metro y la de los trabajadores que usan este medio de transporte", y señaló que Echeverría lo tiene "tan fácil como retirar una medida que no debería afectar a los trabajadores del suburbano".
Además, Martínez recalcó que Echeverría "es doblemente culpable", ya que "tiene la responsabilidad de haber formado parte del consejo que tomó esta decisión, y también la culpa de la mala gestión de la negociación que ha llevado a cabo".
"El consejero de Transportes, invisible hasta la fecha, aparece para plantear tópicos previsibles y fáciles, como 'no cumples los servicios, te sanciono'", declaró Martínez, que se preguntó "¿qué pasará cuando los tribunales digan dentro de un par de años que estos servicios eran ilegales?", y descartó que en ese caso "Aguirre vaya a cesarle".
Desde los sindicatos recalcaron su voluntad y disposición de volver a sentarse en la mesa de negociaciones, pero indicaron que "para negociar, son necesarias dos partes". Martínez garantizó que podrían plantear la posibilidad de "no negociar si no se eliminan los servicios mínimos del 50 por ciento", al igual que hace la Comunidad en sentido contrario, pero aseguró que "ese no es el camino".
