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    La Sindicatura de la quiebra de CPV exige a más de un centenar de afectados devolver el dinero que recuperaron

    La mayoría de los damnificados que están en este aprieto recurren la orden judicial de entrega de dinero

    MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

    Las penurias sufridas durante seis años por los afectados de la macroestafa de la promotora Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) no quedaron resueltas con la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a los responsables directos de uno de los mayores timos inmobiliarios ocurridos en la región. Ahora, la Sindicatura que gestiona la quiebra de la inmobiliaria exige a más de un centenar de perjudicados devolver el dinero de la maltrecha inversión que recuperaron al 100 por ciento para repartirlo entre el resto de los acreedores como parte de las indemnizaciones.

    Uno de los casi 2.000 damnificados que se quedaron sin piso por el fraude entregó a la CPV 22.000 euros en 1999 como anticipación para la compra de una vivienda en Montecarmelo, entonces uno de los nuevos barrios emergentes de la capital. Su suerte corrió mejor que la de otros.

    Nada más declararse la quiebra, Julio anuló el contrato al comprobar que las viviendas no se construían. El joven recuperó su dinero en agosto de 2002, meses después de que la inmobiliaria cerrará sus oficinas. "Me devolvieron los 22.000 euros que entregué, pero ahora seis años después me piden que lo devuelva porque la quiebra es retroactiva", señaló el joven.

    Julio, de 34 años, recibió el pasado jueves una orden judicial dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 71 de Madrid, uno de los órganos judiciales sobre los que ha recaído la tromba de demandas contra los perjudicados presentadas por la constructora que representa a la Sindicatura de la quiebra.

    La empresa se basa en el artículo 878 del Código del Comercio para fundamentar su petición de devolución de las cantidades. El precepto legal establece que, declarada la quiebra, "todos sus actos de dominio y administración posteriores a la época a que se retrotraigan los efectos de la quiebra serán nulos". Es decir, de las resoluciones dictadas por el quebrado en la época de retroacción son nulos de pleno derecho.

    Uno de los abogados que representa a una veintena de perjudicados en esta misma situación aclaró que la reforma de la Ley Concursal introdujo una disposición adicional que obliga a interpretar el citado artículo de acuerdo a la normativa vigente, más flexible en ese ámbito.

    NO A LA DEVOLUCIÓN

    La mayoría de los damnificados que están en este aprieto han recurrido a los tribunales la orden judicial de entrega de dinero, lo que dilatará en cada caso el proceso en al menos dos años. Si la Justicia no les da la razón, éstos deberán devolver el dinero, más la cantidad que supongan las costas procesales del nuevo procedimiento penal.

    Para hacer una piña, uno de los demandados por la Sindicatura ha creado la página 'No a la Devolución' en la que unos afectados comentan la situación en la que se encuentran, mientras que otros aconsejan cómo hacer frente a la demanda de la constructora.

    Mientras que la estafa de la inmobiliaria sigue dando coletazos, sus principales responsables pasan los días en la prisión después de que a mediados del pasado enero fueran condenados a un total de 41 años prisión. La Audiencia fijó la mayor pena de prisión, de diez años y medio, al directo general de CPV, Francisco García Moreno, al considerarle autor material de un delito continuado de estafa agravada y otro de estafa específica.

    La Sección Decimoquinta de la Audiencia madrileña condenó a los dos hijos del director, Francisco y Miguel Ángel, y a un amigo de éstos, Miguel Ángel Morillo, a ocho años y medio por la misma infracción penal. Además, se impuso una pena a tres años y dos años de prisión por estafa a los testaferros de la sociedad Adelina Erlés y Alfredo Vázquez, respectivamente.

    Sobre las indemnizaciones, los administradores de CPV deberán indemnizar con 73 millones de euros a los estafados por el dinero que adelantaron para la compra de sus viviendas. Pero a esta cantidad se elevó a a más de 118 millones de euros por cada vivienda adquirida, con un valor de 24.000 euros, por las 1.889 familias en concepto de la revaloración de su precio.