MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
Agentes de Policía Nacional han detenido a dos empresarios en el madrileño distrito de Latina, acusados de delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y estafas, que cobraban 3.000 euros a los inmigrantes, que la mayor parte de las veces ni siquiera conseguían venir a España, informó hoy la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.
Hace unos meses, dos ciudadanos peruanos acudieron a una dependencia policial para denunciar que habían sido estafados por un compatriota. Éste les había cobrado 3.000 euros para traer a España a un par de ciudadanos peruanos, que trabajarían en su empresa. La realidad fue que uno de los futuros viajeros no logró venir; el otro lo hizo con la oferta de trabajo del empresario. Pero, ya aquí, éste se negó a darle trabajo y le exigió el pago de unos 700 euros en concepto de tasas de la Seguridad Social.
El recién llegado, a pesar de no tener trabajo ni sueldo, hizo frente a esa cantidad durante tres meses, pues no quería quedarse en situación irregular. Después, decidió denunciar su situación ante la Policía y los agentes del Grupo VII de la Unidad contra Redes, Inmigración Ilegal y Falsedades documentales se hicieron cargo de las gestiones. En primer lugar, comprobaron la veracidad de la denuncia y a continuación, trataron de averiguar el domicilio del sospechoso, que había desaparecido de su domicilio.
Los policías averiguaron que la empresa que regentaba el buscado carecía de actividad y el propietario cobraba el subsidio de desempleo. Lo localizaron en una vivienda, junto con otro empresario, donde tenía 20 trabajadores. Uno de éstos llevaba una tarjeta de residencia comunitaria falsa. Otro, dado de alta en la empresa del sospechoso, no trabajaba en la misma, sino en una cafetería. Se trataba de un nuevo caso de estafa, ya que había entregado 3.000 euros por la oferta de trabajo, que no se materializó, e incluso pagado la Seguridad Social varios meses.
El operativo de vigilancia en el domicilio de los sospechosos logró la detención de Omar Enrique A.S., de 38 años, nacido en Perú; y Alejandro C.M., compatriota del anterior, de 45. También se detuvo a Nora Liliana T.M., que había actuado de intermediaria en el pago de la oferta de trabajo. Todos han pasado ya a disposición judicial.
