MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo revisará hoy, a las 10.30 horas, en vista pública la sentencia que, en junio de 2008, condenó al ex primer teniente de alcalde de Madrid Luis María Huete a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación, con la atenuante de dilaciones, como responsable de la privatización del 49 por ciento del capital de la Empresa Mixta de Servicio Funerarios del Ayuntamiento de Madrid a manos de Funespaña, cuya "gestión la adquirió por 100 pesetas" (0,60 euros).
Fuentes del alto tribunal señalaron que contra la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid presentaron recurso de casación el propio Huete y también los grupos municipales del PSOE e IU en el Consistorio madrileño, además del Ministerio Fiscal.
La Sala que deliberará sobre estos recursos está integrada por Carlos Granados, Julián Sánchez Melgar, José Díaz Delgado, Juan Ramón Berdugo y José Ramón Soriano, siendo el ponente de la resolución este último.
La Audiencia de Madrid absolvió a los ex concejales populares Simón Viñals y Antonio Moreno de los delitos de maquinaciones para alterar el precio de las cosas, prevaricación, malversación y tráfico de influencias de los que habían sido acusados al no quedar acreditada su comisión.
La Fiscalía de Madrid solicitaba para los tres procesados 4 años y 10 meses de prisión, así como 24 años de inhabilitación para ejercer como cargo público.
También salieron bien parados el ex presidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo y los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia, a quienes se les exoneró de la comisión de varios delitos contra la Hacienda Pública por haber prescrito su responsabilidad penal. Se pedía para ellos 18 años y siete meses por un amplio abanico de delitos.
El 'caso Funeraria' significó el mayor escándalo del mandato del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. Los hechos se remontan al pleno municipal celebrado el 22 de diciembre de 1992 que aprobó la venta del 49 por ciento de las acciones de la funeraria municipal a Funespaña por su quiebra económica.
La empresa la adquirió por un precio simbólico de 0,60 euros. La Fiscalía acusaba a Huete, Piñal y Moreno de hacer caso omiso de las advertencias del interventor municipal en contra de la adjudicación.
Sobre Funespaña, la resolución, de 210 páginas, recalca que Rodrigo y los Valdivia consiguieron mediante su influencia en el Ayuntamiento de Madrid adjudicarse el 49 por ciento del capital de la funeraria municipal y su "gestión por el precio de 100 pesetas, asegurándose además, el cobro del 20 por ciento de los beneficios antes de impuestos que aquella generara". La sentencia concluía que Funespaña debió pagar 1.236 millones de pesetas "si se hubieran hecho los controles necesarios.
