MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha solicitado a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid la presentación de una enmienda a la actual Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos de la Comunidad de Madrid, para que ésta contemple la "inmovilización inmediata del vehículo" cuando se realice un trasporte público de viajeros sin disponer de las licencias oportunas, ha informado la FPTM en un comunicado.
El colectivo ha explicado que la legislación actual contempla la inmovilización del vehículo sólo en caso de reincidencia, es decir, en el supuesto de que el conductor del vehículo ya hubiera sido sancionado en los doce meses anteriores.
Para los representantes de los taxistas madrileños, esta medida "no es lo suficientemente contundente como para terminar con esa actividad ilegal", por lo que solicitan su modificación tal y como ya se ha estipulado en la Ley de transportes terrestres y movilidad sostenible de las Illes Balears.
Asimismo, han invitado a los grupos a idear y adoptar toda aquella otra medida que consideren oportuna para "garantizar el servicio en las debidas condiciones de seguridad y garantía tanto para el usuario, como para el colectivo del taxi de Madrid".
El presidente de la FPTM, Julio Sanz, ha señalado que la Federación ha formulado esta petición para ir de la mano de la Administración a la hora de poner freno a actividades ilícitas, como la desarrollada por la empresa americana Uber, que "tanto daño puede hacer a miles de familias y que pretende desestructurar el orden establecido saltándose toda la normativa en vigor".
En este sentido, ha recordado que esta compañía "se salta la normativa establecida en todos los ámbitos, al realizar actividades paralelas de transporte sin la preceptiva licencia ni permiso específico y transacciones comerciales exentas de toda tributación, y al mantener relaciones laborales sin ningún tipo de adscripción al régimen de la Seguridad Social, entre otras".
"Es por tanto un claro caso de economía sumergida y de fraude e ilegalidad, que implica una falta de calidad y seguridad en el servicio a los ciudadanos", declara Sanz, añadiendo que "así fue reconoció la Comunidad de Madrid al abrir contra ellos un expediente sancionador por prestar una actividad de transporte de viajeros sin licencia".
