21 de agosto de 2019
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  • 11 de enero de 2009

    El teniente de alcalde de Sevilla La Nueva será juzgado este miércoles por la detención ilegal de una concejal del PSOE

    Juan Antonio Teresa estuvo implicado en el escándalo protagonizado en junio de 2003 por los diputados regionales socialistas Tamayo y Sáez

    MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

    El teniente de alcalde de Sevilla La Nueva por el Grupo Popular Independiente (GPI), Juan Antonio Teresa Villacieros, y un policía local del municipio, situado en el suroeste de la región, serán juzgados este miércoles por la Audiencia Provincial de Madrid en relación a un delito de detención ilegal cometido el 10 de septiembre de 2002 contra la concejal del PSOE en el Ayuntamiento Concepción Rojas Rubio.

    La Fiscalía de Madrid solicita tres años de prisión por la detención ilegal para los acusados y su inhabilitación absoluta durante diez años. Además, Teresa se enfrenta a que se le imposibilite ejercer cualquier cargo electivo por cuatro años. Si se les condena, deberán indemnizar con 6.000 euros a la edil por los daños sufridos.

    En el escrito de acusación, el fiscal relata que el 10 de septiembre de 2002 sobre las 13.30 horas, la concejal socialista entró al edificio de la Corporación Local para obtener una documentación que necesitaba para un Pleno que iba a celebrarse dos días más tarde. Cuando empezó a fotocopiar la documentación, observó que en la fotocopiadora se encontraban varios legajos relativos al desarrollo y ejecución de las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Sevilla La Nueva, procediendo a copiarlos.

    Esta documentación, que estaba sometida a información pública, había sido solicitada reiteradamente por el grupo socialista sin obtenerla, "impidiendo así la labor política de los concejales por decisión del acusado", según el fiscal. Una funcionaria del Ayuntamiento se percató de lo que estaba haciendo Rojas, avisando al teniente de alcalde. Ante su negativa a entregar los papeles, Teresa ordenó a un policía local que le solicitase la documentación.

    Rojas se negó a entregar los documentos, reuniéndose con el alcalde para discutir el asunto. Al término de la charla, la edil trató de abandonar el edificio, siendo sujetada por el agente por orden del alcalde. La concejal fue retenida hasta las 16.00 horas, mientras que el teniente de alcalde formulaba una denuncia contra ella por fotocopiar una documentación no autorizada.

    Poco después, dos guardias civiles se personaron en el lugar para averiguar lo sucedido. Entonces, detuvieron a la edil por un delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Tras tomarle declaración, se le puso en libertad a las 16.55 horas.

    EXPULSADO DEL PP

    El teniente de alcalde fue miembro del PP hasta diciembre de 2001 al expulsarle el partido por promover, junto a un edil tránsfuga del PSOE, una moción de censura contra el entonces alcalde Ernesto Téllez, su actual socio en el Gobierno local. El PP echó a los concejales que participaron en la moción por quebrantar el pacto contra el transfugismo acordado con los socialistas.

    Los ediles expulsados y el tránsfuga y una edil de CDS formaron el GPI con Teresa a la cabeza, gobernando dos años en la localidad. En 2003, la candidata del PSOE Pilar Barroso les arrebató la Alcaldía. Dos años más tarde, Teresa Villacieros y Téllez se unieron para derrocar a Barroso.

    Teresa estuvo implicado con el escándalo protagonizado en junio de 2003 por los diputados regionales socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, quienes propiciaron que el entonces líder del PSOE, Rafael Simancas, se quedará sin la Presidencia del Gobierno regional. Según el PSOE, el 10 de junio de 2003, el acusado se reunió con el secretario general del PP en Madrid en aquella época, Ricardo Romero Tejada y el constructor Francisco Bravo, al que se relacionó con Tamayo.

    En su día, Teresa acusó a Romero de Tejada de utilizarles como "falsa coartada" para justificar la presencia del constructor en su despacho oficial de la sede del PP, sólo siete horas después de la fuga de los ediles socialistas a los que había ayudado el constructor.