MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los empleados públicos de la Justicia madrileña decidirán este mediodía en Asamblea si desconvocan la huelga iniciada hace más de una semana ante el acuerdo propuesto por la Comunidad de Madrid que incluye un incremento de la plantilla de funcionarios y un proyecto de conversión de contratos de refuerzos en puestos de trabajo. En total, se ofrecen alrededor de 180 nuevas plazas.
Los delegados sindicales de CC.OO., STAJ, UGT y CSI-CSIF informarán a los funcionarios de la oferta durante una Asamblea que se celebrará a lo largo de la mañana en el salón de actos de los Juzgados de Instrucción de Plaza de Castilla. El acuerdo se planteó ayer en el marco de la Mesa Sectorial en la que se sientan representantes de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior y los sindicatos para acercar posturas.
La propuesta incluye un plan de mejora de la plantilla del Registro Civil, con 51 nuevas plazas; de los Juzgados de lo Penal, con dos funcionarios más por cada órgano judicial (hay 29 juzgados); y de la Fiscalía, con 30 nuevos puestos. El principal escollo se sitúa ahora en el aspecto económico, puesto que la crisis económica impide que al menos en 2009 haya un aumento del complemento específico.
"Es un buen acuerdo, pero hay que desarrollarlo", recalcó a Europa Press Juan Antonio Martín, portavoz de CSI-CSIF. Martín explicó que los sindicatos han remitido una serie de enmiendas a la oferta que serán estudiadas por la Comunidad. Las negociaciones se retomarán esta tarde para alcanzar un acuerdo definitivo.
El Gobierno regional y los sindicatos retomaron ayer las conversaciones después de la ruptura que se produjo el pasado miércoles al no adecuarse la oferta de la Administración regional a las reivindicaciones de incremento de personal que demandan los trabajadores.
Entre otras medidas, los sindicatos reclaman 74 personas más para el Registro Civil de la calle Pradillo, un aumento de dos a cuatro trabajadores en los Juzgados de lo Penal y 50 nuevos puestos en la Fiscalía de Madrid. Además, demandan la reconversión de los contratos de refuerzos en plantilla, un asunto que no requiere coste económico.
