MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
Tres activistas de derechos humanos perseguidos en Colombia llegarán en febrero a Madrid, donde se les costeará la estancia durante tres meses, con el primer programa de acogida temporal puesto en marcha por el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación Mundubat.
Así lo ha indicado este martes el director de Mundubat, Antonio Montoro, en la presentación del programa 'Madrid Protege', financiado por el Ayuntamiento de Madrid y gestionado por la Fundación.
Colombia es el país destinatario del primer programa por la difícil transición hacia la paz que está viviendo tras el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno Colombiano, que puso fin a medio siglo de conflicto.
A pesar del cese de las hostilidades, los conflictos sociales se siguen cobrando centenares de vidas de civiles en el país cada año, incluyendo las de activistas de los derechos humanos, ambientales y sociales.
Tal y como ha destacado Montoro, la intensidad de la violencia en Colombia está en parámetros equiparables a los del conflicto armado y el momento previo a los acuerdos de paz de noviembre de 2016. Así, desde esa fecha y hasta mayo de 2018, han sido asesinados 282 líderes sociales y activistas.
Por su parte, el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valiente, ha señalado que la elección de Colombia da "cumplimiento" al mandato del Pleno municipal de apoyar la consolidación del proceso de paz en Colombia y a la puesta en marcha de los acuerdos de paz.
Montoro ha precisado que el programa posibilitará la llegada a Madrid de defensores de derechos humanos vinculados con organizaciones, comunidades o movimientos sociales y que se encuentran en una situación que requiere de protección, de manera que tiene un "enfoque comunitario", no centrado en actores individuales.
El proceso de selección está abierto desde el 8 de octubre hasta el 7 de noviembre, y dependerá de un comité de selección integrado por instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), el Ayuntamiento de Madrid, la Red de ONG y Mundubat. Una vez finalizado el proceso de selección, hasta enero de 2019 se preparará la acogida.
Para ello, se hará un análisis de necesidades individualizado de los activistas, en función del cual se les asignarán los recursos materiales necesarios para su estancia en pisos individuales en Madrid entre febrero y abril de 2019, periodo en el que podrán desarrollar una "agenda sociopolítica y formativa", acompañada de un programa de acompañamiento, apoyo y cuidado.
El principal objetivo del programa es "ofrecer protección temporal a los defensores" de los derechos humanos, así como contribuir a la creación de un entorno seguro en los países de origen para garantizar la continuidad de su labor.
Otro objetivo importante es la "sensibilización de la ciudadanía" y "hacia las instituciones", además de estrechar los vínculos de colaboración entre las organizaciones y plataformas de derechos humanos de Madrid con las que representan los defensores.
El tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento ha señalado que el primer programa de acogida para defensores de derechos humanos de España lleva 20 años funcionando, para apuntar que las experiencias anteriores han puesto de manifiesto que "este tipo de políticas sirven para fortalecer las organizaciones y los vínculos y para visualizar". Asimismo, en declaraciones a los medios, ha manifestado que el compromiso del Gobierno municipal es ir ampliando el programa a un mayor número de defensores y de países.
El Programa de Acogida Temporal de Personas Defensoras de los Derechos Humanos permitirá que la capital acoja a personas que trabajan por el derecho de los campesinos a cultivar su tierra, en defensa del medio ambiente y los recursos naturales, en defensa de la libertad, la diversidad sexual o la memoria histórica o denunciando las atrocidades que sufren sus comunidades.
En la presentación ha intervenido una de estas activistas, Rudy Estela Posada, del Movimiento Ríos Vivos, en defensa de los territorios y afectados por las Represas Ríos Vivos, quien ha destacado que en su municipio hay hasta cuatro grupos armados y que los activistas son "objetivo militar".
Por su parte, Carlos Fernández, de Comisión Justicia y Paz de Colombia, ha destacado los niveles de "estigmatización" de los activistas en Colombia, con 397 agresiones en los primeros seis meses de este año, lo que significa que cada 11 horas se produce una agresión contra un defensor de derechos humanos, y ha apuntado a la "responsabilidad del Estado ante su acción y su omisión".
