ARROYOMOLINOS, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -
La sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha remitido un auto al juzgado de Instrucción número 3 de Navalcarnero en el que desestima el "recurso de casación" que interpuso el Ayuntamiento de Arroyomolinos ante la denuncia del Partido Socialista por presunto fraccionamiento en adjudicaciones de obras entre 2004 y 2007.
Con ello, el Tribunal confirma "en todos sus términos" el "auto del juzgado de Instrucción recurrido al considerar que esta fase inicial investigadora o recopilatoria de datos no prejuzga la existencia de responsabilidad contable ni implica la exigencia formal de responsabilidad alguna".
El Ayuntamiento presentó el pasado 10 de enero un escrito solicitando el archivo de las actuaciones y, posteriormente, presentó un recurso de reposición ante la denuncia de los socialistas por una presunta malversación de caudales públicos ante el presunto fraccionamiento de contratos entre 2004 y 2006 por importe de 43,5 millones de euros, lo que llevó al alcalde, Juan Velarde (PP), y a dos de sus concejales de Gobierno, Félix López y Ana Millán, a prestar declaración en el juzgado el pasado mes de diciembre.
En este sentido, el Tribunal recuerda que las diligencias abiertas hacen referencia a "posibles irregularidades en la contratación municipal" en alusión a que el PSOE denunció el posible fraccionamiento de contratos, así como "deficiencias en la publicidad y concurrencia", la "utilización indebida de la figura de la encomienda de gestión" y "deficiencias en los controles legales sobre la contratación administrativa".
Por otro lado, el portavoz del Grupo municipal Socialista entre 2003 y 2011 y exsecretario general de la Agrupación Socialista local, Juan Carlos García, ha declarado que a este auto "se une un nuevo escrito del Ministerio Fiscal fechado el pasado 4 de enero" por el que "interesó el nombramiento de delegado instructor para la práctica de las actuaciones previstas al estimar que varios de los hechos objeto de las actuaciones tramitadas por la jurisdicción penal presentan caracteres indiciarios de delito, al hacer referencia a pagos carentes de soporte documental o carentes de justificación o duplicados".
García ha asegurado que "la función política de la oposición es fiscalizar y controlar al Gobierno municipal" y, en este sentido, ha precisado que "fruto de esa fiscalización fue la interposición de la demanda ante la negación constante de los hechos por parte del alcalde y los concejales del Gobierno y la pasividad de estos ante las advertencias de los técnicos municipales sobre que los procedimientos seguidos se estaban realizando de mala manera".
