MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) discreparon hoy sobre la necesidad de reformar la Ley del Menor para endurecer las penas impuestas a los menores por delitos de homicidio y violación, con motivo de la próxima salida en libertad vigilada de R.G.F., conocido como 'Rafita', condenado por participar en el asesinato de Sandra Palo en mayo de 2003.
El cadáver de Sandra Palo apareció carbonizado el 22 de mayo de 2003 en un descampado de la Carretera de Toledo. La joven getafense fue secuestrada, violada, atropellada en varias ocasiones y quemada viva por sus cuatro captores. Cuatro años después, 'Rafita' saldrá el próximo 27 de junio en libertad tras cumplir la pena de internamiento que le impuso un juzgado de menores.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de JpD, Jaime Tapia, subrayó respecto a la inminente salida de 'Rafita' que "la ley tiene un máximo de cumplimiento y cuando una persona cumple con su condena, esté o no rehabilitada, tiene que salir en libertad".
Dicho esto, Tapia apostó por implantar "una labor pedagógica" en la sociedad para habituarla a aceptar que, una vez que alguien extingue la pena impuesta, éste debe tener "otra oportunidad para cumplir los fines marcadas por la Constitución".
Por ello, se mostró contrario a una hipotética reforma de la actual Ley del Menor, al considerar que esta normativa "no necesita ninguna" modificación para endurecer las penas a los menores, teniendo en cuenta que esta cuestión ya ha sido revisada en los últimos seis años.
Asimismo, hizo hincapié en que la normativa contempla la posibilidad de revisar la situación de los menores en determinados casos para poder o no modificar las condiciones impuestas para el internamiento en los centros de rehabilitación.
POLÍTICAS DE PREVENCIÓN.
Por su parte, el portavoz de la APM, Antonio García, señaló a Europa Press, que "el tema de los menores no sólo se soluciona con los tribunales o con la aplicación de la Ley del Menor", sino buscando un equilibrio entre "la acción de la ley y políticas de prevención", lo que depende del Ejecutivo.
Insistió en que "es imposible buscar una solución mágica" para resolver de manera "absoluta" este tipo de cuestiones, por lo que se mostró a favor de solucionar "las grietas" detectadas en la Ley del Menor y no quedarse exclusivamente en el endurecimiento de las condenas a imponer.
Sobre la intención de la madre de Sandra Palo de llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, el portavoz de la APM respaldó esta posibilidad y aseguró, en este sentido, que su asociación "no criticará a nadie que dé los pasos necesarios para, ante una situación tan trágica, favorecer una mejoría del sistema".
