MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -
El corredor de comercio Ignacio De la Mora, imputado en el 'caso Funeraria' por la privatización presuntamente irregular de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid, defendió hoy la legalidad de su intervención en una operación de suscripción de participaciones de la compañía Funespaña por parte de una sociedad instrumental. De la Mora se enfrenta a tres años de prisión, otros tres de inhabilitación y a una multa de 54.000 euros por un delito de falsedad en documento oficial relacionado con dicha operación.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Madrid reanudó esta mañana los interrogatorios a los acusados con la declaración de De la Mora, al que siguió el asesor fiscal Ricardo Guindos. El juicio continuará el próximo martes, día 26, con el inicio de la fase testifical.
El fiscal Anticorrupción sostiene que la venta fue intervenida por el corredor de comercio Pedro Gálligo en Zaragoza, pero los acusados decidieron eludir los controles administrativos y no declararon la operación "para asegurar según lo pactado la absoluta ocultación del verdadero origen de los fondos".
Ante la perspectiva de la salida a bolsa de Funespaña, De la Mora accedió a instancias del presidente de Funespaña, José Ignacio Rodrigo, a "documentar la venta de participaciones como si hubiera tenido lugar con su intervención y en ese momento".
"Yo tenía una relación puramente profesional con el despacho de Rodrigo que me encargó una serie de operaciones. En un momento determinado me preguntó si podía rellenar la póliza en su despacho y yo le dije que lo hiciera con el corredor de comercio que había hecho la operación", explicó el procesado, quien añadió que entonces Rodrigo le comentó que había que hacerlo cuanto antes porque la compañía iba a salir a bolsa.
Antes de cualquier intervención, De la Mora comprobó que el documento era correcto y luego lo consultó a la Dirección General de Transacciones Exteriores a través de una empleada de su despacho. "Lo que hicimos fue comprobar que todos los datos fueran correctos y hablar con Transacciones Exteriores", defendió el acusado que dijo que entonces se puso en contacto con Gálligo para comprobar si la operación "se había hecho correctamente".
"No creo que sea un documento importante. Lo único que se hizo fue completar un expediente para ayudar a la Administración", manifestó, al tiempo que explicó a la Sala que intervino en cinco operaciones durante esas fechas que "cumplieron la más estricta legalidad".
CESIÓN DE LOS INGRESOS
En la sesión también compareció el asesor fiscal Ricardo Guindos, a quien se interrogó sobre su relación con las empresas I.A.F. Inversiones y Astaldo. La primera de ellas era una sociedad familiar del vicepresidente de Funespaña Juan Antonio Valdivia, mientras que la segunda era de Rodrigo.
Según el fiscal, Funespaña cedía a las sociedades mencionadas la práctica totalidad de los ingresos percibidos por la gestión de la Empresa Mixta a cambio de una contraprestación puramente ficticia.
A este respecto, Guindos explicó que en el verano de 1994 Rodrigo le planteó la constitución de dos sociedades, en las que él sería el administrador. "Recibí un encargo y lo ejecuté", dijo el encausado, para quien se piden 12 años de cárcel por varios delitos contra la Hacienda Pública.
En cuanto a la actividad de las citadas empresas, especificó que Astaldo se dedicaba a la búsqueda de nuevos negocios para Funespaña, mientras que I.A.F. se centraba en el análisis concreto de las necesidades funerarias de un determinado lugar.
