MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo celebrará una vista pública el próximo 9 de julio para estudiar el recurso presentado por la que fuera juez de instrucción número 43 de Madrid María del Coro Cillán contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que la inhabilitó por quince años por un delito continuado de prevaricación, por favorecer supuestamente a un amigo íntimo al precintar en 2011 la discoteca madrileña Moma, en la calle José Abascal.
Durante el juicio Coro Cillán aseveró que acordó precintar la discoteca Moma en septiembre de 2011 a raíz de la denuncia de uno de los socios para evitar que se produjera otro caso como la muerte del joven Álvaro Ussía, quien falleció en 2008 a manos de un portero de El Balcón de Rosales.
Cillán, conocida por reabrir el caso del 11-M o llevar la investigación del 'caso Ussía', se enfrentaba a la petición de que se la inhabilitara durante veinte años para ejercer como magistrada. Finalmente, se quedó en 15 años más multa, una pena que será revisada ahora por un tribunal del Supremo presidido por el magistrado Joaquín Jiménez.
El TSJM sostiene en su sentencia que Cillán cometió ese delito, ya que dictaminó varias resoluciones injustas. Así, menciona el auto de precinto del local y la resolución en la que nombraba un administrador. "No eran sostenibles jurídicamente", asevera el tribunal madrileño y añade que no cumplían "los mínimos parámetros de motivación".
El diciembre de 2012, la comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) incoó un expediente disciplinario a Coro Cillán por cuatro posibles faltas de disciplina cometidas en relación diversas decisiones que afectaron a la administración judicial de la citada discoteca.
Al parecer, se encontraron indicios de que Cillán habría incurrido en "ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales" por haber facilitado la entrada como administrador judicial de esa discoteca, durante el periodo en el que estuvo precintada, de su supuesto "novio".
Otra de las faltas tenía que ver con la "desatención o el retraso injustificado" en la resolución de este asunto. También se le investigó por "exceso o abuso de autoridad".
