UGT asegura que pagar taxis para trasladar a pacientes es "una prestación inadecuada y desviada" de la normativa

Actualizado: miércoles, 17 mayo 2006 19:02

MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -

UGT-Madrid se mostró hoy contrario al acuerdo de colaboración suscrito con cuatro emisoras de taxi por el que este servicio público será pagado por el Gobierno regional para trasladar a pacientes que tengan que acudir a un centro sanitario con un tratamiento programado pero no precisen de apoyo médico en el trayecto.

Para el sindicato, se trata de "una prestación inadecuada a la par que una utilización desviada de la regulada por la normativa vigente". Así, argumentó que el Real Decreto 63/95 señala que el transporte sanitario "debe ir dirigido a pacientes que por criterios exclusivamente médicos no puedan desplazarse por medios ordinarios de transporte".

"El transporte en taxi es inadecuado y no puede contemplarse como transporte sanitario porque no reúne las características técnico-sanitarias reguladas en la normativa estatal y autonómica", insistió UGT-Madrid.

La organización sindical apuntó que "la ley sólo contempla el coste del transporte sanitario en taxi, a través de reintegro de gastos, en casos de asistencia sanitaria urgente, inmediata y de carácter vital; atención fuera del Sistema Nacional de Salud; una vez comprobado que no pudieron utilizarse oportunamente los servicios del Sistema Nacional de Salud; y cuando no constituyan una utilización desviada o abusiva de esta excepción".

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Por todo ello, UGT defendió que "el transporte sanitario se realice con los vehículos que reúnan las condiciones técnico-sanitarias que establece legalmente la Comunidad de Madrid y la normativa estatal", lo que requiere que "se contraten los suficientes recursos sanitarios para que no sea necesario la utilización de otros medios".

Igualmente, planteó que "si se pretende abonar los desplazamientos, sería más apropiado ingresar estas cantidades a los pacientes que se ven obligados a intervenirse en hospitales alejados de su residencia, práctica que realizan la mayoría de las comunidades autónomas y que garantiza los tiempos de respuesta para intervenciones quirúrgicas, pruebas diagnósticas y consultas por Ley".