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MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT ha negado este domingo mediante un comunicado la información publicada por el diario 'El Mundo', según la cual la organización sindical habría impedido que la Comunidad de Madrid pueda inspeccionar los cursos de formación impartidos por esta entidad.
El periódico apunta en su información que la Dirección General de Estrategia y Fomento de Empleo ha mandado una carta a Cepal, "una plataforma de teleformación utilizada por UGT para dar formación continua en Madrid", instando a que permita a los forenses informáticos de la Comunidad inspeccionar los cursos.
Sin embargo, el sindicato apunta que dicha plataforma "no solo es contratada por UGT, también por otras empresas", y añade que la evaluación no la hace el propio organismo regional, sino "una empresa privada que ha sido contratada" por la Comunidad de Madrid.
Como consecuencia, UGT asegura que "no puede entregar esos datos porque cometería un delito además de perder la confianza de quienes han recibido formación", ya que la entrega de bases de datos de carácter personal es constitutivo de delito.
Por ello, asegura el sindicato, "Cepal ha enviado una comunicación a la Comunidad de Madrid para que le garantice que no va a penalizarla por cesión de datos a una empresa privada y no ha recibido respuesta".
UGT asegura además que "no se ha negado nunca a facilitar la evaluación y el seguimiento de la formación" y que "ha facilitado en todo momento la consulta de datos de carácter personal en sus sedes".
La consejera de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, anunció la semana pasada que ha puesto en manos de la Policía "algún expediente de UGT que también tenía irregularidades", en el marco del presunto fraude relacionado con las subvenciones para los cursos de formación continua.
Asimismo, la consejera apuntó que han ampliado las posibilidades de investigar las subvenciones de la convocatoria de formación continua de 2011 en la modalidad de teleformación, donde se enmarca el 'caso Aneri', mediante el análisis de las 40 plataformas de teleformación por parte de informáticos forenses.
